Una supuesta denuncia de una empleada del municipio de Avellaneda, fue aprovechada por los medios con pauta de CAMBIEMOS para desinformar a los vecinos y de forma irresponsable publicar un texto poco claro desde lo jurídico, que se asemeja más a un chusmerío con intenciones de forzar una decisión puntual más que buscar justicia.

El texto que levantaron estos medios oportunistas corresponde al muro de Mariana Vilariño en la red social Facebook y copiaremos textual el contenido para luego desarrollar los puntos dudosos de la supuesta denuncia que no parece estar acompañada por un abogado.

Con mucha tristeza, pero con la convicción de que, como trabajadora, no puedo dejar que nadie atropelle mis derechos sin dar batalla, es que ayer presente un amparo judicial contra el Municipio de Avellaneda para que regularice mi situación laboral y contra Magdalena Sierra por maltrato laboral. Es muy fácil para algunos seres despreciables e inescrupulosos calumniar y ensuciar, pero es hora de que aprendan que si lo hacen deberán estar dispuestos a pagar las consecuencias. Yo no difamo, no miento y no calumnio. Yo voy a la justicia y doy mis razones. Transcribo partes del amparo que presenté, para mis familiares, amigos y compañeros que se solidarizan conmigo y me acompañan en este momento.

«OBJETO.
Que vengo, en legal tiempo y forma, a interponer ACCIÓN DE AMPARO, conforme la Ley 13.928, el art. 20, inc. 2, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el art. 43 de la Constitución Nacional, contra la conducta de la Municipalidad de Avellaneda, C.U.I.T. Nº 30-99900131-5, con domicilio en la calle Güemes Nº 835, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires a los efectos de que V.S. ordene al Municipio de Avellaneda, mi inmediata reinstalación en mi puesto de trabajo, otorgándome el nivel salarial, en todos sus rubros y montos correspondientes.

Asimismo, atento haber sido víctima de violencia laboral, en los términos de la Ley 13.168, se disponga el alejamiento de la funcionaria que la ejercía, de mi persona.

Esto así, de conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen.

HECHOS.
El día martes 9 de abril de 2019, la Diputada Nacional Magdalena Sierra, presidenta del Observatorio Social de Políticas Públicas de la Municipalidad de Avellaneda, y a cargo -en ese momento-, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, debido a que la Subsecretaria Fernanda Ruiz Díaz estaba de licencia por maternidad desde hacía tres semanas, me intimó verbalmente a renunciar a mi trabajo, y ante mi negativa, me ordenó que me presentara el día siguiente en la oficina de personal del Municipio, a cargo de Fabián Monzón, para hablar con él sobre mi reubicación.

Al día siguiente, me presenté en mi horario trabajo, 8.00 hs., ante el Sr. Monzón quien me manifestó que tenía órdenes de la Sra. Sierra de dejarme cesante, sin darme motivo alguno.

Esta situación se da en un contexto de maltrato general hacia todo el equipo empleado en la Subsecretaria citada. Varios compañeros de la misma fueron trasladados, de un día para otro y sin previo aviso, con gritos e insultos, al punto de referirse hacia los trabajadores con frases como “yo te di dignidad, vos deberías pedirme perdón de rodillas”, “inútil”, “voy a volar a todos de esta oficina”, “hacen todo mal”, etc. También, haciendo circular acusaciones absolutamente falsas sobre los trabajadores. Ofrezco, en el punto correspondiente, testigos de las situaciones descriptas.

En lo personal, todo el tiempo la Diputada Sierra desmerecía el trabajo realizado por mí, en relación a los Programas Municipales, me impedía que lo realice como venía haciéndolo durante todo el año 2018, me quitaba responsabilidades injustificadamente, intimándome para que controle y delate a mis compañeros en cuanto a los horarios de entrada y salida, las cosas que comentaban, cuando esa no era ni había sido en ningún momento mi función.

La Sra. Magdalena Sierra lanzó rumores sobre mi persona que ensuciaron mi buen nombre y honor, creando un clima de hostilidad constante que hacía imposible el buen desarrollo de las actividades de la oficina. Debido a esta situación, mi salud física y mental se deterioró notablemente, no obstante lo cual continué realizando mi tarea dentro de lo posible, ya que la Sra. Sierra trataba todo el tiempo de impedírmelo, para luego acusarme de “sabotear” “su labor”.

Quiero manifestar que todo lo acontecido, que genera esta presentación, sucedió en sólo “tres semanas” (desde que la Subsecretaria tomó su licencia, y la Sra. Sierra quedó a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Social, por decisión de ella misma).

El objetivo de estas acciones lo desconozco, pero dieron como resultado, en primer lugar, que no sepa cuál es mi situación laboral de hecho, que tres compañeras del equipo fueran trasladadas varias veces, a distintos lugares del municipio, lejos de sus hogares, en forma de castigo, y la renuncia -durante su licencia por maternidad-, de la Subsecretaria, Fernanda Ruiz Díaz.»

Hasta aquí lo publicado y que para algunos es una denuncia dura, en realidad la misma desde lo formal y jurídico posee algunos vicios que cualquier Juez rechazará In Limine sin más trámite, porque quien pretende hacer intervenir la justicia contra un acto administrativo debe fundar su pretensión, aportar las pruebas vinculadas al derecho que se pretende tutelar y no se trata solo de invocar Leyes o artículos porque sí, ya que debe existir coherencia entre lo que se invoca, lo que se reclama y lo que la norma fija.

Invoca la denunciante la Ley 13.928, el Art. 20 inc.2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Art.43 de la Constitución Nacional, lo cual es correcto para justificar el derecho a realizar el Amparo, otra cuestión es si los hechos descriptos pueden ser alcanzados por la acción de amparo, que solo podría intervenir en la medida administrativa de la cesantía, la que se descuenta será defendida por el municipio en sede judicial, pero de ninguna manera la justicia puede obligar y blindar de inmunidad de despido a un empleado si es decisión del municipio despedirlo.

Resulta exagerado y debilita el reclamo el invocar como agravantes, que las observaciones y el supuesto maltrato laboral de la señora Magdalena Sierra pudieran causar en solo 3 semanas deterioro severo de la salud física y mental, esta afirmación puede ser un boomerang en contra, ya que de existir incapacidad sería motivo suficiente para justificar la cesantía la incapacidad denunciada en caso de no poder atribuir la misma a razones laborales, si se analiza que antes estaba todo bien en el trato laboral, entonces el deterioro físico y mental no es producto de la relación laboral.

Hay que tener cuidado cuando se hacen públicas las denuncias de no quedar expuestos en situaciones que después es difícil explicar o sostener, eso incluye todo lo relacionado a supuestos chismes sobre su persona en los cuales no queda claro una posible intervención de la justicia en lo que a un amparo se refiere, sino que ese tipo de reclamos deben ser evacuados por la vía civil en un proceso largo y con definición incierta.

Como sea, desde este medio independiente hemos criticado y hasta denunciado en la justicia desde el intendente a funcionarios municipales, en sus comienzos políticos advertimos de incoherencias y hasta un accidentado discurso de Magdalena Sierra para las entrevistas, pero con el tiempo sin ser una estadista ha crecido, repudiamos cualquier tipo de maltrato laboral, pero también hay que decir que resulta muy sugerente que en plena campaña política aparezcan estas denuncias que en lo jurídico no tendrán relevancia y las pruebas son tan subjetivas que no alcanzan para inclinar un fallo judicial en favor de lo que se pretende.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw