La Policía Federal allanó la sede de la obra social bancaria en el barrio porteño de Caballito en busca de documentación que incriminaría a la esposa del sindicalista Juan José Zanola, Paula Aballay, en la causa por adulteración de medicamentos.
Paralelamente, Aballay solicitó esta mañana a través de sus abogados la eximición de prisión, algo que sería concedido esta tarde bajo una «fuerte caución real», según fuentes del caso, aunque esto quedaba condicionado a la prueba en su contra surgida del allanamiento, calificado como «altamente positivo» por fuentes del caso.
Aballay tiene pedido de declaración indagatoria por parte del fiscal del caso Luis Comparatore, aunque todavía Oyarbide no hizo lugar a este planteo, como tampoco hasta esta tarde había citado aún a su marido Zanola, precisaron las fuentes.
Fuentes del juzgado dijeron a Télam que el allanamiento hecho hoy a La Bancaria fue «altamente positivo» a raíz de la documentación secuestrada que demostraría el rol de directivos de esa obra social en los manejos con droguería San Javier para la compra y suministro a pacientes de medicamentos de alto costo.
Oyarbide sí concedió la eximición de prisión sin ningún tipo de caución, «ya que aún no está imputado en la causa», al ex subsecretario de Salud bonaerense Alberto Costa y a dos propietarios de droguerías que habían solicitado el beneficio.
Costa hizo por la mañana una breve presentación espontánea en el juzgado acompañado por su abogado, Fernando Burlando, donde manifestó no tener nada que ver con las maniobras investigadas.
En la puerta de su casa, esta mañana, Oyarbide anticipó que hará lugar al pedido fiscal de llamar a Zanola, aunque todavía no había definido en calidad de qué, si como testigo o imputado a indagatoria.
En el allanamiento, la policía tenía orden de revisar las oficinas de Aballay y otros directivos de la obra social bancaria, en un procedimiento de cuyo resultado dependerá la concesión de eximición de prisión a la mujer, precisaron las fuentes.
«El cerco se cierra cada vez más para Zanola», afirmó por la mañana a la prensa Oyarbide, quien ordenó también secuestrar historias clínicas de pacientes y revisar sótanos en busca de medicamentos.
Por otra parte, se aclaró que el ex Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, no está aún imputado en la causa.
Al respecto, el expediente será remitido al fiscal Comparatore para que amplíe el requerimiento fiscal al delito de «lavado de dinero» y resuelva si corresponde imputar a más personas.
