Por estos días los medios se han ocupado de manera parcial e intencionada de una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad que encabeza Horacio Rodríguez Larreta por el uso supuestamente indebido de más de 8 millones de imágenes de ciudadanos para realizar «identificación facial» y con ello realizar un seguimiento de los identificados usando las cámaras de seguridad de la Ciudad.
La noticia poco profunda y casi «armada» fue la siguiente: La Justicia allanó el centro de monitoreo del gobierno porteño donde se realizaba un espionaje ilegal sobre millones de personas a partir del sistema de reconocimiento facial. Entre quienes fueron espiados están Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Patricia Bullrich, Estela de Carlotto y los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda.
En los últimos tres años el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Marcelo D’Alessandro, ordenó la búsqueda de los datos biométricos de 7,5 millones de personas de forma ilegal. Esta información fue publicada por el CELS (Centro de Estudios Legales) a raíz de una denuncia del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), que promovió una investigación judicial.
La investigación determinó que las tareas se realizaron de forma ilegal, en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos, excediendo el convenio con el ReNaPer. Este sólo permitía abarcar un universo de 40.000 personas con orden de captura judicial, para localizarlas a través de cámaras.
En 2020, ODIA inició una acción de amparo en la que puso en discusión la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en la CABA. En la tarde de este martes el juez Roberto Gallardo allanó el Centro de Monitoreo Urbano y la sede del Ministerio de Seguridad porteño en Barracas. Además, ordenó periciar los equipos que se utilizaron para procesar la información proveniente del ReNaPer.
El gobierno de Larreta utilizó el Registro de Personas de forma escandalosa para realizar un espionaje ilegal sobre la población a través de las cámaras de seguridad ubicadas en la Ciudad. De la investigación en curso se deriva que fue utilizado también como espionaje sobre dirigentes políticos, sociales y de otros ámbitos.
Políticos y organismos de DDHH juegan al distraído
Salvo cuando es de interés político, ni los políticos, ni las ONGS de DDHH, se preocupan de denunciar el uso ilegal de tecnología y en general las víctimas cuando son ciudadanos comunes no son acompañados en su acceso a la justicia, peor aún, los políticos hacen denuncias mediáticas, por redes sociales, en discursos, pero no litigan, con lo cual todo sigue igual.
La idea de Mauricio Macri y otros tantos políticos antes y después de él, siempre ha sido el de tener su propia policía o compartir su conducción para tener esa cuota de poder que brinda tener una fuerza policial y el mal uso que se le puede dar a esta para bajo supuestas investigaciones hacer inteligencia, esto ha pasado y pasa, pero curiosamente salvo denuncias muy acotadas no pasa nada.
La información es poder y hoy como nunca, el poder acceder a cualquier tipo de información sensible es una tentación no solo de los políticos, muchos magistrados del Poder Judicial se han sumado a la movida de esa élite dentro de la casta de los poderosos, así, se cierra el círculo de impunidad.
Existe en la percepción de los ciudadanos, que Mauricio Macri es un fanático de la información y el espionaje lo cual es correcto, sobran denuncias fundadas y solo porque estamos en la Argentina ha esquivado ser detenido e incluso condenado por esa adicción típica del poder de querer saber todo y controlar todo. Pero, el verdadero «tapado» del digamos recontra espionaje es Horacio Rodríguez Larreta que ha extendido su recopilación de información y espionaje fuera de la jurisdicción de CABA.
El plan de proyectarse a la política nacional no es nuevo, Larreta ha armado con los años un equipo para tener presencia en la provincia de Buenos Aires y para eso sabe que la política no alcanza, la grave crisis económica impide hacer política con viajes, reuniones, juntar militantes, plantar bases, sostener esa estructura, es más económico «invertir» en tecnología y con ella jugar al «Gran Hermano», observando, recopilando y guardando información para cuando llegue el momento «negociar» con ventaja, en realidad es una especie de extorsión la forma en que se usa, pero ya mencioné a los socios del Poder Judicial.
Cuesta creer que los políticos ignoren muchas de estas cuestiones, por eso lo único que es coherente es que todos se benefician de esto.
Nunca la justicia avanzó en las investigaciones que involucraban a Larreta por ejemplo cuando como Jefe de Gabinete de Mauricio Macri manejaba la pauta oficial de CABA, una pauta multimillonaria de la que se beneficiaban grandes medios, que terminó controlando luego del suicidio del director responsable en medio de un escándalo y que luego nadie recordó, todas las denuncias contra Mauricio Macri y sus funcionarios no prosperaron a pesar de las pruebas, uno de los motivos y del que nunca ningún político dijo nada es el rol que jugaba como «escudo judicial» la dupla de Federico Adolfo Sturzenegger y Juan Ernesto Curutchet que conducían el Banco Ciudad y usaron el banco como ensayo de los equipos para espiar, instalaron cámaras para supuesto control del personal y cuando la CGI del banco los denunció por espionaje dijeron que hubo una mala comunicación y que era por seguridad de los empleados, algo tirado de los pelos, ya que se habían instalada cámaras que además captaban audio y esto se almacenaba, así se recopilaron horas de conversaciones privadas de empleados, pero esto era el «ensayo», lo suculento era la base de datos personales de clientes y especialmente los magistrados que tenían como banco para el cobro de sus sueldos al Banco Ciudad, lo que permitía al banco poder tener certeza del uso del Home Banking de sus clientes y el uso de sus tarjetas vinculadas entre otra información sensible.
Ya por el año 2009, los dos funcionarios, pero especialmente Juan Ernesto Curutchet eran denunciados de ser «operadores judiciales», años después y ya como presidente del Banco Provincia Curutchet, es denunciado por repetir estas conductas y estalla el escándalo con la «Gestapo de Vidal» que en realidad es la que se come los cachetazos por ser la gobernadora, pero pocos se sinceraron respecto a quien realmente responde Curutchet, lejos estoy de pretender defender a María Eugenia Vidal, pero es un peón de Macri y de Larreta desde hace muchos años.
Hoy el Gobierno de la Ciudad posee la capacidad de poder realizar inteligencia o espionaje, a un nivel digno de películas de acción, la privacidad es un concepto teórico que no existe en el mundo de los políticos de la Ciudad y en ese armado confluyen no solo los políticos, algunos de los empresarios que «apoyan» al macrismo colaboran con sus bases de datos de clientes, se ha puesto a pensar que las empresas privadas recopilan información de todo tipo, mail, mensajes de texto, audios, videos, fotos, actividad en Internet, en redes sociales, contenidos vistos en plataformas, canales premium, historias clínicas, consumos, etc.
Cuando el ministro de seguridad bonaerense era Cristian Ritondo existió un doble espionaje, por un lado se usaron algunos efectivos de la bonaerense para hacer espionaje como quedó evidenciado en la denuncia del espionaje ilegal en la provincia, pero nadie a la fecha ha hablado del espionaje de efectivos de la Policía de la Ciudad a altos jefes policiales de la bonaerense, la finalidad? tener agarrados de los «huevos» a los «hombres fuertes» de la fuerza de seguridad más grande del país. Recuerdan que siempre les digo que las policías son cajas de recaudación?, bueno, si no conduzco la policía desde el cargo político, los condiciono desde la información que tengo.
Ya en el año 2019, se conoce el primer escándalo del Gobierno de la Ciudad por el uso incorrecto del sistema de identificación facial, cuando detuvieron a Guillermo Ibarrola en la estación de Retiro por un alerta del sistema sobre una captura por delitos que nunca cometió, el gobierno de la Ciudad culpó a la justicia por la carga errónea de datos. El «error» le costó al ciudadano 6 días de arresto y por poco termina en un penal por un delito supuestamente de robo agravado cometido en Bahía Blanca.
Han pasado varios años entre el 2019 y el 2022, en ese tramo, hubo algún tibio reclamo desde el CELS, de la Defensoría de la Ciudad, pero nada relevante, los reclamos se hacen de manera genérica y así los que operan siguen tranquilos disfrutando de la impunidad que les brinda el anonimato.
Es más peligros el espionaje que se realiza sobre los que marchan y protestan que el circo de enviar a policías a confrontar con los manifestantes, Larreta y compañía se preparan para sumar poder, vaya uno a saber qué uso harán de toda esa información recopilada cuando sean gobierno.
Hay que dejar de ser ingenuos y pensar con criterio infantil, no se trata de buenos o malos, se trata de muchos peleando una cuota de poder y sin problemas en sacrificar peones.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
