Educación especial, para ricos… ¿y pobres?

El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A cinco años de este logro, una investigadora del CONICET y la UNSAM analiza la situación de la educación especial en Argentina.

Magalí de Diego (Agencia CTyS-UNLaM) – La dinámica de escolarización e inclusión de personas con discapacidad en instituciones educativas atravesó cambios muy positivos. Sobre todo a partir de resoluciones como la 311/16, sancionada por el Consejo Federal de Educación para garantizar procesos de inclusión en escuelas comunes y para asegurar el apoyo necesario para aprender, participar y poder recibir su título de nivel primario y secundario.

A pesar de que ya hace 5 años que se estableció esta norma, en el país aún queda mucho por hacer para poder cumplir su objetivo. “Si bien hubo avances en materia legislativa y en la cantidad de estudiantes que van ingresando al sistema educativo común, aun quedan un montón de estudiantes que no pueden transitar su escolaridad en igualdad de condiciones, en particular en espacios donde la pobreza está más presente”, señala la doctora Cintia Schwamberger, especialista en Educación Especial e investigadora de este área en el CONICET.

“Los procesos de exclusión se profundizan de manera múltiple en escenarios en los que el estudiante vive sin agua potable, sin acceso a una vivienda segura, comida o asistencia médica, entre otras cuestiones. Este contexto de pobreza, en especial en el conurbano, hace que los procesos de escolarización se complejizen mucho más porque hay muchas otras necesidades básicas insatisfechas”, alerta Schwamberger en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

Para la investigadora, en Argentina “urgentemente se tienen que garantizar los derechos de aquellos que no tengan los medios económicos para construir su futuro de forma independiente”. “Es fundamental que las normativas estén acompañadas de presupuestos que permitan habilitar más cargos docentes por escuela y asignen recursos a las instituciones -agrega la investigadora del CONICET-, sino, no se podrán comprar materiales, concretar proyectos, ni realizar cambios genuinos”.

Schwamberger, además, señala la existencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), para que, quienes tengan algún tipo de discapacidad, puedan tener prestaciones básicas como educación, salud, justicia y otros apoyos específicos en actividades de rehabilitación y acompañamiento. “En contextos de pobreza, el CUD es la única garantía que tienen para acceder a un recurso mínimo e indispensable como es la educación con maestros especializados”, asegura la investigadora.

Pero, para la doctora en Ciencias de la Educación, estos maestros no solo tienen que ser maestros que reciban formación para educar a jóvenes con discapacidad, sino que, también, tienen que poder trabajar con determinada cantidad de alumnos. “Una diferencia muy grande entre las escuelas públicas y las privadas es la cantidad de estudiantes que tiene a cargo cada maestra. Hay casos en los que una sola docente trabaja con 20 niños. Es muy difícil ser efectivo con tantos procesos de inclusión en simultáneo si no se cuenta con políticas que piensen reformas estructurales para que la inclusión sea posible”, plantea Schwamberger.

“Si bien es una gran alegría que cada vez aumenten más las matrículas, eso implica la necesidad de realizar una inversión y de brindar acompañamiento por parte de los organismos gubernamentales. La pandemia evidenció todo el trabajo que realizaron los y las docentes para asegurar las clases, pero, en muchos casos, las medidas estatales no contemplaron a los estudiantes con discapacidad y, aun menos, a los que no tienen recursos económicos”, subraya la investigadora, que trabaja en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH-UNSAM-CONICET).

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