El ferroviario Juan Carlos Pérez declaró durante tres horas y media ante la jueza Wilma López para negar toda responsabilidad en la agresión que le costó la vida al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, aunque incriminó al barrabrava Cristian Favale en el hecho.
Pérez admitió en su declaración haber integrado el grupo agresor convocado por el delegado ferroviario Pablo Díaz, pero ante la jueza y la fiscal Cristina Caamaño aseguró haber escuchado «estampidos detrás mío, donde estaba Harry», el nombre por el que conocía a Favale.
Según su abogada, María Cristina Benitez Morel «Pérez contó que no vio a nadie disparar pero creyó que eran petardos de tres tiros» y que luego por una llamada telefónica de sus compañeros de los talleres de Remedios de Escalada, donde es portero, se enteró que había un muerto de un balazo y otros heridos.
Según la letrada, única informante de la indagatoria, Pérez también admitió haber escuchado de boca de otros integrantes del grupo agresor que Favale dijo luego de las detonaciones «yo lo puse, yo le di».
Pérez, detenido anoche en su domicilio de Brandsen, negó haber portado armas y aseguró que la imagen de un video que lo muestra llevándose las manos a la cintura era porque «se estaba levantando el pantalón».
Fuentes policiales dijeron que durante la indagatoria hubo una rueda de reconocimiento con testigos pero que no pudieron reconocer a Pérez.
Luego de la indagatoria, la jueza López confirmó su detención y lo remitió al penal de Ezeiza, donde están detenidos los otros dos sospechosos, Favale y Díaz.
En tanto, dos afiliados de la Unión Ferroviaria (UF), que aparecen en los videos que registraron los incidentes del miércoles pasado en el barrio Barracas pidieron a la jueza Wilma López ser eximidos de prisión.
Fuentes vinculadas al sumario confirmaron que Jorge González, quien en las imágenes aparece con un cuello ortopédico, y Claudio Alcorel, en un único escrito, aseguraron que son «inocentes» y que necesitan que se precise cuál es su situación en la causa.
Según trascendidos, habría pedidos similares de otros miembros de la UF registrados el miércoles último en el barrio Barracas de esta capital por las cámaras del canal C5N.
González y Arcorel, por derecho propio (el escrito no lleva firma de abogado) invocaron la jurisprudencia del caso «Díaz Bessone», para que se les garantice el derecho a permanecer en libertad durante el trámite del proceso y adujeron sentirse «perseguidos» y «están angustiados» e «intranquilos» por su figuración en medios radiales y gráficos.
El escrito fue recibido en la mesa de entradas del juzgado a cargo de López, pero se desconoce el criterio que va a adoptar la magistrada para quienes, comentaron partícipes de la pesquisa, «aún no tendrían imputaciones directas en su contra».
Tampoco se había definido un pedido del PO para ser tenido como parte querellante en la causa.
