Un informe reciente de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) expuso un panorama crítico del sistema penitenciario argentino durante el segundo año del gobierno de Javier Milei, en momentos que se discute bajar la edad de imputación penal para menores.
El documento advierte no solo un nuevo aumento de la población carcelaria y el deterioro de las condiciones de detención, sino también la persistencia de denuncias por corrupción en el sistema de licitaciones vinculadas al Servicio Penitenciario.
Según el informe, la población penitenciaria creció un 4% interanual en 2025 y alcanzó en diciembre los 12.166 detenidos. Además, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, el sistema penitenciario argentino funciona al 130,2% de su capacidad: hay 130 personas alojadas donde deberían caber 100.
La superpoblación carcelaria genera mayor violencia y muertes en unidades penales.
