Por estas horas, pocos medios se han hecho eco de la investigación de la justicia federal que tiene como principal responsable de la investigación por irregularidades y delitos de acción pública al Jefe del Servicio Penitenciario Federal, los pocos detalles conocidos, en cualquier otro gobierno hubieran sido motivo de un escándalo político y mediático.

Un nuevo escándalo en el Servicio Penitenciario Federal si las sospechas del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena se concretan: el último viernes, el magistrado ordenó allanar las oficinas de Fernando Julián Martínez, el director del SPF, por un presunto vínculo entre el funcionario y la empresa que provee comida en el penal de Ezeiza.

La principal irregularidad y grave documentada en la causa fue la actitud de Martínez quien durante el allanamiento al requerírsele su celular, entregó un equipo viejo y en desuso, en lugar del celular que utilizaba todos los días, el cual fue destruido apenas una hora antes del allanamiento, con lo que se presume fue advertido del allanamiento y así tuvo el tiempo necesario para ocultar pruebas. Cuando se le preguntó a Martínez por su celular diario, la excuso fue que justo ese día la había extraviado.

Siguiendo directivas del Juez se pudo realizar la trazabilidad del equipo perdido, que impacto por última vez en inmediaciones del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas, una zona que posee cámaras de seguridad tanto del gobierno de la Ciudad como privadas, con lo cual los investigadores podrían reconstruir la forma en que el dispositivo llegó a esa zona.

A pesar de la conducta sospechosa y reprochable de la máxima autoridad del Servicio Penitenciario, el Juez Villena, no adoptó ninguna medida sobre la persona de Martínez, vale recordad que ante situaciones similares los allanados son inmediatamente demorados y puestos a disposición del juzgado, con lo cual, no queda claro para qué se realiza un allanamiento de relevancia si ante una clara obstrucción de un alto funcionario público no se adopta ninguna medida, lo que solo arroja descrédito en la justicia que depende de quien elimina pruebas procede con el rigor de la Ley o no.

La razón por la que Villena decidió allanar el viernes no habría sido casual. Es que ese mismo día se resolvía la nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad, y que volvió a obtener la empresa Bio Limp.

Para entender por qué el juez federal de Lomas de Zamora allanó al Jefe del SPF hay que remontarse años atrás cuando, tras un habeas corpus que denunciaba comida en mal estado en el penal de Ezeiza, Villena falló contra la proveedora del servicio de aquel momento, la empresa Foodrush, y le prohibió volver a participar de una licitación.

En aquellos años, los presos no querían ingerir esos alimentos y gastaban el dinero (los que tenían) en comprar la comida en “la cantina” de la cárcel, rechazando de alguna manera el derecho a ser alimentados en prisión. El habeas duró mucho tiempo, durante el cual se hicieron reuniones, inspecciones y peritajes con ANMAT que indicaron que la comida superaba los valores máximos admitidos para el recuento de Escherichia coli, y no era apta para el consumo humano. Todos los resultados indicaban que la comida estaba contaminada.

Villena estableció un protocolo y ordenó auditar la producción de los alimentos, pero los problemas continuaron y los presos mantuvieron su reclamo por el estado de la comida. Los defensores oficiales comunicaban al Juzgado las impresiones de los presos: comer esos alimentos les resultaba imposible, “eran absolutamente asquerosos”, según contó una fuente del caso, mientras el SPF y la empresa lo negaban y poco más aseguraban que la comida era fantástica.

Hasta que un día del año pasado Villena fue a la cárcel y probó distintas comidas que los presos no querían ingerir. Pocas horas después lo sintió en su cuerpo. Se descompuso y sufrió una fuerte diarrea. “Un asco, vomitiva”, les contó a sus allegados.

Así las cosas, el juez de Lomas de Zamora condenó a Foodrush al castigo de no poder presentarse más para una licitación ante el Servicio Penitenciario Federal en ninguna cárcel federal del país.

En una nueva licitación, de todos modos, Foodrush se presentó, junto a otras dos empresas sin antecedentes en el rubro y una más, Bio Limp, que sólo tenía experiencia en limpieza.

A poco de empezar a entregar alimentos, volvieron los habeas corpus al despacho de Villena. Con Bio Limp pasaba lo mismo que con Foodrush. Nadie quería comer de esos platos. Entonces, el magistrado reabrió la causa en noviembre pasado bajo la carátula de “Envenenamiento”.

“Fueron a la cárcel y detectaron, a través de sus chapas patentes, que los camiones que usaba Bio Limp eran de Foodrush”, contó una fuente cercana al caso.

A partir de eso, Villena ordenó varios allanamientos en Bio Limp y comprobó que no sólo “compartía” los camiones con la empresa sancionada sino que los empleados de la cocina de una empresa habían sido los mismos que la empresa anterior y, entre toda la documentación que todavía no analizaron, hallaron por ejemplo facturas de Biolimp a Foodrush por alrededor de 150 millones de pesos.

Esta especie de “cartelización” del negocio de la comida en la cárcel de Ezeiza no podía hacerse sin el guiño de los responsables del penal, por lo que ordenó allanar la oficina del director de la cárcel, de su director administrativo y de Fernando Martínez porque, según él, no podían desconocer esta licitación.

En los pasillos del Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora aseguran que Villena tiene elementos para ir contra el Servicio Penitenciario Federal, que no podían no saber que Bio Limp era una pantalla para que siguiera con el negocio Foodrush y sortearan su propia decisión judicial.

Mientras tanto, la Fiscal federal Cecilia Incardona pidió la nulidad de todo lo actuado por Villena por considerar que habilitó medidas en un día inhábil, que no mandó a sortear el juzgado tras la reapertura de la causa por la comida en mal estado y que no tenía motivos para secuestrar el teléfono de Martínez.

La conducta de la Fiscal contra el accionar del Juez Villena no es casual ni espontánea, ya que llevan una disputa judicial que ha ido escalando afectando las causas judiciales donde intervienen, beneficiando a los investigados en causas relevantes, mientras se espera un pronunciamiento de la Procuración General de la Nación, ya que el Juez Villena denunció formalmente a la Fiscal Incardona a quien resumiendo la acusó de interferir en las investigaciones promoviendo cuestiones infundadas de competencia, sin argumentos jurídicos válidos y de realizar en los dictámenes fiscales una amenaza velada de plantear nulidades, aún en causas donde la competencia fue derivada en el juzgado de Villena por la Cámara Federal de La Plata.

Si algo le faltaba a esta causa para indignar a cualquier ciudadano de bien, se supo que el Jefe del Servicio Penitenciario Federal se moviliza a bordo de una camioneta a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los creadores de La Salada y todavía prófugo de la Justicia.

Fernando Julián Martínez asumió su cargo en 2024, nombrado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Desígnase, con carácter ‘ad honorem’, Director Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL al Inspector General Licenciado Fernando Julián MARTINEZ (D.N.I. N° 21.506.389 – Beneficio A 25.291), a partir del 12 de marzo de 2024″, reza la Resolución 154/2024 publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

Luego de la toma de juramento correspondiente, el Director Nacional entrante expresó su agradecimiento “a todos los que han conducido este Servicio en distintos momentos”, además recalcó la importancia que “haya un traspaso de mando normal, consensuado y transparente” ya que “el SPF es de todos, de los 59300 que conforma la familia penitenciaria” acentuando en su discurso la noble función que se desarrolla dado que “somos la diferencia entre el orden y los que incumplen la ley”.

Como cierre, la titular de la cartera de Seguridad expresó con claridad que “Hay una línea bien clara: de un lado el Servicio Penitenciario Federal, del otro los delincuentes” considerando clave el trabajo en equipo para lograr así bajar la reincidencia para obtener como resultado una sociedad más segura.

El caso deja en evidencia que las denuncias contra el SPF y que Patricia Bullrich descalificaba eran reales y que bajo su cargo de Ministro de Seguridad, se cometieron delitos de los cuales no podía desconocer, con lo cual si la justicia deja de avanzar un paso y retroceder cinco, debería ser investigada como responsable política.