Se trata de Rubén Ariel Rivero, quien cometió el delito en la ciudad bonaerense de Olavarría. La víctima era empleada doméstica en la casa del acusado.

Once años después de haber abusado sexualmente de una piba, de 16 años, a la que había contratado como trabajadora doméstica, un ex fiscal y policía retirado fue condenado a tres años y tres meses de cárcel por la Justicia de la ciudad bonaerense de Azul.

El delito fue cometido en agosto de 2009 en la vecina ciudad de Olavarría por el abogado Rubén Rivero, que fue encontrado culpable de abusar de la adolescente.

Según el testimonio de la víctima, el entonces fiscal la sorprendió en una habitación de la casa y la tocó en distintas partes del cuerpo aprovechando, sostuvo la sentencia, el «ejercicio evidente de una relación de poder» sobre la piba, cuyo testimonio se escuchó en el juicio oral.

La Justicia consideró que hubo en aquella casa de Olavarría «un acto consumado de abuso sexual simple, consistente en tocamientos y aproximaciones corporales con (un) propósito sexual practicados de modo sorpresivo y sin consentimiento de la otra persona».

La condena no fue más grave porque Rivero, un policía retirado de la Bonaerense, no tenía antecedentes penales al momento de la denuncia en su contra. En tanto, «la minoría de edad de la víctima al momento del hecho» y «la situación de extrema vulnerabilidad en que fue colocada por el autor» del abuso fueron tomados como agravantes para fijar la pena de prisión.

A eso se sumó que como en ese entonces era fiscal, eso demuestra una situación «demostrativa de una culpabilidad mayor que se relaciona con la función pública que le otorgó el Estado para garantizar la vigencia de los derechos de las personas e investigar delitos, y no para cometerlos».

Rivero, abogado y policía retirado de la Bonaerense, había sido designado como Fiscal de instrucción penal el 12 de agosto de 2009. El 8 de septiembre de ese mismo año lo denunciaron por abusar sexualmente de una joven de 16 años que realizaba trabajos de limpieza en su casa del barrio Roca Merlo.

Si bien fue suspendido de su cargo, hasta el año pasado seguía cobrando el 60 por ciento del sueldo. Según fuentes judiciales, el proceso demoró tantos años por pedidos aplazamientos y renuncias de los abogados defensores que, sucesivamente, fueron postergando el inicio del juicio oral.