Se trata de nueve policías federales de la Comisaría 23. La decisión la adoptó el Juez de Instrucción Mariano Scotto, quien además, en el marco de la misma causa, citó a declaración indagatoria a una médica legista y otros dos efectivos.
La decisión la adoptó el Juez de Instrucción Mariano Scotto, quien además, en el marco de la misma causa, citó a declaración indagatoria a una médica legista y otros dos efectivos.
El magistrado investiga el episodio ocurrido el 20 de julio del año pasado, cuando los jóvenes fueron detenidos y llevados a esa seccional del barrio porteño de Palermo donde, según denunciaron, fueron sometidos a golpes y torturas con picana eléctrica.
Tres de los acusados, Natalia Fernanda Verón, Mariano Cerrillo y Juan Villegas, serán juzgados por «tortura reiterada en tres oportunidades», informaron fuentes judiciales.
También serán juzgados los policías Ricardo Alejandro Coria, Sergio Daniel Coronel y Guillermo Ariel Villan, en esta caso por «apremios ilegales agravados».
A Cristian Javier Bejarano, en tanto, se lo enjuiciará por «omisión de evitar la comisión de torturas» y a Juan Alberto Morales y Leandro Luis Galeano Bruschi por «omisión de denunciar la comisión de torturas».
Además, el Juez hizo lugar a un pedido de la Fiscal del caso, Estela Andrades, y citó a indagatoria a la médica legista cuestionada por la revisión hecha a los jóvenes en el lugar y a otros dos policías de la misma seccional, quienes de ser procesados se sumarían a los ya enviados a juicio.
El 20 de julio de 2010 a la madrugada, los jóvenes -dos de 17 años y uno de 16- fueron detenidos en la esquina de Guatemala y Gurruchaga como sospechosos de dañar un vehículo estacionado allí.
Tras ser liberados, el padre de uno de los adolescentes fue a la misma seccional a presentar una denuncia por lo ocurrido a su hijo menor de edad, luego de escuchar su relato referido a golpes e incluso aplicación de picana a bordo de un patrullero.
Los menores fueron llevados a la comisaría en móviles separados y allí, según su denuncia, fueron golpeados y sometidos al paso de corriente eléctrica, algo que fue constatado en una revisión del Cuerpo Médico Forense.
Al requerir la elevación a juicio del caso, la Fiscalía consideró probado que hubo «un plan criminal previamente trazado bajo un régimen de división funcional de tareas».
Además, remarcó que las víctimas «en forma coincidente mencionaron la utilización de una picana y aclararon en qué momento fue usada y en qué parte de su cuerpo recibieron las descargas, las cuales se condicen con las lesiones advertidas y acreditadas».
