Una sucesión de fallos absolutorios, en causas que tuvieron gran trascendencia pública, han puesto sobre el tapete -nuevamente- las deficiencias en la investigación criminal que llevamos a cabo Fiscales y Jueces de Instrucción, según la jurisdicción y el sistema procesal imperante.
Sin eludir el tema, ni mucho menos las responsabilidades que nos caben como magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público, es preciso también reflexionar sobre el estado actual de la Justicia de Instrucción y el sistema de Acciones Penales que adopta el Código Penal Argentino.
Según el art. 71 de ese cuerpo normativo, todas las causas deben iniciarse de oficio, con excepción de aquellas que requieran un impulso de la parte damnificada -acción dependiente de instancia privada- o, directamente, las acciones privadas, que se sustancian por querella.
En palabras claras, tanto los Fiscales o Jueces de instrucción de la República Argentina, debemos investigar con la misma intensidad y dedicación, desde el hurto de un chupetín hasta el homicidio calificado… Sin perjuicio, claro está, de las prioridades que se asignan a las investigaciones de las causas mas graves o a de aquellas en donde haya personas privadas de su libertad…
En delitos como las lesiones leves o el abuso sexual simple, basta con la mera intención de la víctima o sus representantes de promover la Acción Penal, para que la cause continúe de oficio.
No adhiero en absoluto a las posturas abolicionistas. El Sistema Penal del Estado DEBE hacerse cargo de los conflictos entre los particulares y entre éstos y propio Estado. Pero, atento la inaudita saturación de las oficinas judiciales de toda la República, no resultaría inapropiada ni disparatada una discusión sobre una eventual reforma al Código Penal, incorporando a las Acciones Privadas una mayor cantidad de delitos, dejando a las partes su litigación por medio de la querella, y liberando a la Justicia de Instruccíon de miles de expedientes que, seamos sinceros, no son prioridad a la hora de ser investigados.
No propugno «trabajar menos», sino «trabajar mejor» en las causas graves y dotar al sistema judicial, de una vez y para siempre, de una investigación criminal eficiente.
Estimo que, al menos, el tema merece ser debatido.
Dr. Marcelo Carlos Romero
Fiscal del Ministerio Público de La Plata
