La UIA y la CGT se alistan para la batalla por la distribución de ganancias

La CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) volvieron a mostrar posiciones enfrentadas por el proyecto del diputado Héctor Recalde para fijar un esquema obligatorio de distribución de un porcentaje de las ganancias de las empresas.

La central fabril salió, además, rápidamente al cruce de versiones que señalaban a los industriales proponiendo un «pacto social» para discutir la distribución de la riqueza.

«Ante trascendidos periodísticos que involucran a la institución en una presunta propuesta de pacto social, ratificamos el contenido del informe de prensa aprobado por su Junta Directiva el martes pasado», sostuvo la central fabril, en un comunicado.

Ese día, la UIA dijo que «comparte los objetivos de mejorar la distribución del ingreso», pero cuestionó al proyecto de Recalde para permitir la participación obrera en las ganancias de las empresas.

La UIA dijo que «el verdadero camino para mejorar la distribución del ingreso requiere políticas públicas que promuevan la formalización de empleos y la mejora de los ingresos de los trabajadores».

Antes de que se produjera la aclaración por parte de la UIA, la conducción de la CGT, liderada por Hugo Moyano, igual había rechazado cualquier posibilidad de negociar en el marco de un acuerdo económico y social.

La iniciativa, que en el Congreso impulsa el diputado Héctor Recalde -principal asesor del secretario general de la CGT, Hugo Moyano- prevé la distribución entre los trabajadores de un 10 por ciento de las utilidades, inicialmente de las 300 principales empresas.

La posición de la cúpula cegetista fue anticipada por el secretario gremial de la entidad y titular del sindicato de peones de taxis, Omar Viviani, quien ratificó que para la dirigencia gremial el Congreso constituye el «ámbito natural» para la discusión del proyecto.

«Acá no hay pacto social que valga, no vamos a negociar algo que ya está en la Constitución», había enfatizado Viviani.

El gremialista interpretó la propuesta de la entidad fabril como «la reacción típica de los empresarios que no quieren mostrar sus balances» y reiteró que la decisión de la CGT es que cualquier propuesta que pueda enriquecer su iniciativa debe plantearse en el marco del debate parlamentario.

Para reforzar ese mensaje, la conducción sindical decidió acelerar los plazos de la redacción definitiva del proyecto y consiguió los avales de más de una docena de diputados de extracción gremial y legisladores aliados para presentar la iniciativa en la cámara baja de manera de asegurar el inicio de su trámite en comisión la próxima semana.

«Ahora el debate se va a concentrar en el Congreso. Sabemos que no es nada fácil, pero nuestra decisión es discutirlo», ratificó Viviani.

A la par de la reunión del martes en la que Moyano y el resto de la cúpula de la CGT oficializó el aval al proyecto, la dirigencia de la UIA planteó su inquietud por la iniciativa y propuso que se debata en el marco de un plan de desarrollo económico y social, que defina un modelo distributivo con incentivos a la inversión productiva.

«El verdadero camino para mejorar la distribución del ingreso requiere políticas públicas que promuevan la formalización de empleos y la mejora de los ingresos de los trabajadores en el resto de los sectores de la economía y no proyectos que, en definitiva, van a atentar contra la inversión y la producción, fomentando el aumento de la economía informal, con resultados contrarios a los que se proclaman», sostuvo el comunicado de la entidad fabril.

Por su parte, Recalde confió en que se logre un trámite rápido del proyecto en el Congreso y apostó a cosechar el respaldo de los legisladores de algunas fuerzas de la oposición.

Recordó el protagonismo asumido por la UCR y el socialismo en la incorporación del artículo 14 bis en la letra constitucional, justamente el argumento que sostiene Moyano para alentar su aprobación.

El proyecto propone distribuir entre los trabajadores un 10 por ciento de las ganancias de las empresas e incorpora una cláusula especial para asegurar el acceso de empleados y gremios a datos e información contable y financiera de las compañías.

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