El ingeniero que denunció la supuesta red de corrupción puso en duda que “los Bruera no se enteren” de la existencia de la misma. Contó que estiró las charlas con los involucrados para posibilitar el avance de la investigación.
Con su denuncia, Guillermo Andreau desató un escándalo de corrupción sin precedentes en la Comuna platense. «Es difícil que haya una red así y los Bruera no se enteren…Si te piden plata en el Municipio es difícil pensar que no saben nada», sostuvo el ingeniero agrónomo.
Andreau repasó los pasos que dio tras haber recibido el pedido de coima. «En lugar de decirles primero que no iba a pagar, los denuncié al fiscal. Así estiré (las charlas) para ver qué salía y entonces se cruzaron llamados entre ellos y aparecieron otras cuestiones que hasta el momento desconocía».
Al ser consultado sobre la charla entre Raúl Moratti y Roberto Moreno en la que hablan de «bajar 10 grados la pendiente«, un supuesto eufemismo sobre una rebaja de 10 mil dólares que supuestamente había pedido para continuar el contacto con los acusados, el ingeniero Andreau consideró que «es el lenguaje de los delincuentes».
Por último, explicó que la difusión de la causa motivó a «un centenar» de personas a denunciar estas maniobras.
«Mucha gente se envalentonó y denunció haber sido apretada por estas personas, que les pidieron plata o les trabaron el expediente a propósito para que les vendan los terrenos a precio vil. La gente está harta de todo esto. Pero martilleros y arquitectos, por ejemplo, ya conocían estas maniobras«, concluyó el ingeniero agrónomo.
La última semana el Concejo Deliberante platense aprobó un pedido de informes para que el intendente Pablo Bruera brinde explicaciones sobre la causa judicial que involucra a funcionarios de su gobierno en un caso por el presunto pedido de coimas relacionado al plan Pro.Cre.Ar, que derivó en un allanamiento en las instalaciones de la Municipalidad, y en un pedido de detención de los implicados.
Los concejales promotores de la iniciativa, Florencia Saintout, Sebastián Tangorra, Martín Alaniz y Guillermo Cara, afirmaron que «es necesario y urgente que el municipio informe sobre la situación judicial iniciada a raíz de la investigación que lleva adelante el fiscal Jorge Paolini, sobre la presunta comisión de los delitos de exacciones ilegales y asociación ilícita, vinculados a una denuncia por venta de terrenos para su rezonificación y posterior venta a beneficiarios del plan Pro.Cre.Ar, por parte de funcionarios y empleados municipales.
