El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, imputó este viernes al ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, por el presunto delito de lavado de activos. La medida forma parte de una investigación que busca determinar si el funcionario incrementó ilícita e injustificadamente su patrimonio desde diciembre de 2021.
En la misma causa también quedaron imputados Claudia Nélida Lucía Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar; Roxana Elma Pombo, hermana de la ex funcionaria; un juez de La Plata; y el director provincial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), Mario Quattrochi.
Investigación y denuncias iniciales
La causa se inició en octubre tras la denuncia de un automovilista que alertó sobre una organización que operaba a través de gestores. Estos intermediarios contactaban a infractores, les cobraban un porcentaje de la multa y les prometían darla de baja en el sistema.
Posteriormente, la empresa Secutrans, proveedora del sistema de fotomultas, se presentó como particular damnificada. Según Secutrans, la organización había afectado considerablemente su recaudación mensual por infracciones, lo que reforzó las sospechas de irregularidades en el sistema.
Objetivos de la investigación
El juez González Charvay detalló que la investigación busca establecer si D’Onofrio y los demás imputados, “por sí y/o a través de interpósitas personas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza”, incrementaron de forma ilícita su patrimonio. Además, se busca determinar si los bienes en cuestión tienen un origen delictivo y fueron puestos en circulación para aparentar una procedencia lícita.
El magistrado ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de D’Onofrio, Claudia Pombo y otras personas vinculadas al caso, entre ellas Agustina Cuadra, Facundo Asencio y Héctor Marcelo Suárez Basail. La medida apunta a identificar posibles movimientos y saldos en sus cuentas que puedan respaldar las acusaciones.
El objeto procesal de la causa incluye el análisis de posibles delitos investigados en otras jurisdicciones, como la asociación ilícita denunciada en el Juzgado de Garantías N°5 de Morón y el fraude a la administración pública bajo la carátula “Quattrochi s/ fraude” en la UFI N°11 de La Plata.
Declaraciones judiciales
Según el escrito judicial, una de las hipótesis centrales es que los imputados habrían incrementado ilícitamente su patrimonio “a partir de acciones delictivas” vinculadas al ejercicio de sus funciones públicas. En esta línea, el juez señaló: “Deberá verificarse si, por sí mismos y/o a través de terceros, han violado sus deberes como funcionarios públicos y puesto en circulación bienes provenientes de delitos”.
La causa continúa en etapa de investigación, mientras se recopilan datos bancarios y financieros que puedan aportar más evidencia sobre las posibles irregularidades.
