Funcionarios del gobierno serán investigados por la compra de armas defectuosas para la Policía Federal Argentina

La denuncia penal, la presentó la familia de Ariel Domínguez, el joven que murió en San Telmo tras recibir un tiro en la cabeza que supuestamente se disparó cuando a un policía se le cayó el arma y golpeó contra el asfalto.

La familia de Ariel Domínguez, el joven que murió de un tiro en la  cabeza que se le escapó a un policía luego de que el arma se le cayera,  pidió que se investigue a los funcionarios públicos que compraron una  partida de pistolas que se dispararían solas en esas circunstancias.

El pedido está referido a las pistolas Bersa Thunder que usaba el  oficial y sobre las cuales una pericia concluyó que son «deficientes»  porque se disparan solas cuando caen al piso.

El abogado Jorge Taiah, quien representa a la familia Domínguez –el  joven que murió en julio pasado en el barrio de San Telmo -, le pidió a  la Justicia que el Gobierno informe todos los antecedentes de la compra  luego de que una pericia de Gendarmería concluyera que el arma que mató a  Ariel se dispara sola cuando cae al piso e, inclusive, se le sale el  cargador y se le rompe el percutor.

«Entendemos que hay responsabilidad de los funcionarios políticos que  compraron un arma deficiente y deben responder por eso», le dijo Taiah a  la agencia de noticias DyN.

A pedido de la Jueza de Instrucción María Gabriela Lanz, Gendarmería  realizó una pericia llamada «tormento» por la cual se tira el arma al  piso para determinar si se puede disparar sola. Esto fue en el marco de  la causa en la que está procesado el cabo Ariel Mendoza por el delito de  homicidio culposo, y quien declaró que el arma se le cayó mientras  corría a dos presuntos delincuentes.

«El arma se la ató a un gendarme y se cayó unas cuatros veces cuando  corría y en todas las oportunidades se disparó sola. Además, la última  vez se salió el cargador y se rompió el percutor», explicó el letrado.

En base a ese resultado, el abogado le solicitó a la Jueza que el  Ministerio de Seguridad de la  Nación informe los antecedentes de la  licitación de la compra del arma, y qué empresas se presentaron, por qué  se eligió esa pistola, los precios pagados y cuándo se compró el arma.

El abogado también señaló que «hay reportes de la Escuela de Tiro previos al hecho que decían que el arma era insegura».

El abogado aclaró que el Ministerio de Seguridad no compró esa  partida de armas porque la cartera fue creada hace menos de un año, y  resaltó que tiene «el pleno apoyo de la Ministra Nilda Garré para  continuar con la investigación».

El pedido de investigación no apuntó contra ningún funcionario ya que  eso surgirá de las respuestas que dé el Ministerio, especificó Taiah.

Domínguez falleció el 20 de julio cuando sobre la avenida Paseo  Colón, a la altura de Humberto 1°, iba a tomar un colectivo para volver a  su casa y recibió un tiro en la cabeza.

El disparo provino del arma reglamentaria Bersa Thunder calibre 9  milímetros del cabo Mendoza que se le cayó de la cartuchera cuando  auxiliaba a otros oficiales en una persecución de posibles delincuentes,  según su declaración ante la Justicia.

El crimen fue reconstruido nueve días después, y en las seis  oportunidades en las que el cabo repitió su corrida el arma no se le  cayó de la cartuchera por lo que se ordenó la pericia «tormento» en  busca de precisiones técnicas.

La Jueza Lanz procesó a Mendoza y consideró que el cabo tuvo una  «actitud imprudente y negligente» porque «llevaba el arma con el seguro  desactivado y que se le cayó de la cartuchera».

La defensa del acusado apeló la resolución y la Cámara del Crimen  citó a las partes a una audiencia para el próximo 19 de septiembre en la  que analizará si confirma su procesamiento o lo revoca.

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