La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó al fiscal acusado de dirigir a una banda dedicada al armado de causas, la extorsión a narcos y el robo de droga para luego comercializarla. Además, se le trabó un embargo de dos mil millones de pesos.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó al fiscal Claudio Scapolan, se lo acusa de dirigir a una banda dedicada al armado de causas, la extorsión a narcos y el robo de droga para luego comercializarla. Además, se le trabó un embargo de dos mil millones de pesos.

“Esta pesquisa logró desenmascarar que las herramientas y potestades que muchos de los funcionarios ostentaban, fueron utilizadas ilícitamente para infundir temor en sus víctimas, actuar con aparente impunidad en el marco de los procesos penales y distorsionar la realidad de los hechos”, confirma en la resolución la jueza. 

Ademas informó en uno de los párrafos: “La banda actuaba con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo”.

La jueza procesó a Scapolán por diez delitos tipificados: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado,  falsedad ideológica de documento público reiterada,tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión, uso de documento público falso y sustracción de medio de prueba.

Lo que se busca es el desafuero de Scapolan y por los delitos que se le imputan que vaya a prisión. Hace 14 meses fue imputado, ahí le realizaron allanamientos en su despacho, y actualmente pasó a ser procesado. Eludió el hecho de ser indagado en cuatro situaciones, y al estar por declararse su rebeldía judicial, y entender las consecuencias procesales que eso implica, decidió presentarse. La acusación contra Scapolan lo llevó a solicitar una licencia.

Scapolán es el principal apuntado en esta investigación que dirige el fiscal federal Fernando Domínguez, pero está libre porque lo protegen sus fueros. En cambio, sus dos secretarios, Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, fueron arrestados junto otros nueve policías de la Bonaerense, entre ellos los comisarios Marcelo Di Rosa y Roberto Adrián Okurzaty.

La causa cuenta actualmente con 48 imputados -entre ellos 41 policías y tres abogados-, a quienes se lo acusa como integrantes de una «asociación ilícita» que se quedaba con droga secuestrada en procedimientos contra el narcotráfico y que luego la utilizaba para revenderla, “plantarla” y/o extorsionar a personas ligadas o no al tráfico de drogas, entre los años 2012 y 2015, en los partidos de San Isidro, Morón y San Martín.

Las pruebas contra Scapolán y su gente fueron acumulándose en los cuatro años de investigación. El fiscal sospechado siguió en su cargo hasta que estalló el escándalo y hasta el año pasado intentó obtener un ascenso: concursó por el puesto de fiscal general del Departamento Judicial de San Isidro, pero no lo eligieron.

¿Quién es? Scapolán, de 49 años, es hombre de Julio Novo, el renunciado ex fiscal general de San Isidro, procesado por encubrir narcos. Respondía a él, pero también “recaudaba para la política”.

Entre los años 2005 y 2011 fue denunciado por trece fiscales y hasta la Cámara de Apelaciones de San Isidro pidió que intervenga la Justicia federal, aunque el reclamo nunca prosperó. De nada sirvió la presentación que, en el año 2016, realizó la exdiputada nacional Elisa Carrió, quien reclamaba que sea sometido a jury por mal desempeño en el cargo.   

Las sospechas contra este fiscal no solo tienen que ver con el armado de causas con testigos y pruebas falsas. Según cuentan, otro instructor judicial -actualmente en actividad- habría archivado varias de las denuncias que recibió en contra de su colega. Como contrapartida, el funcionario investigado por asociación ilícita habría hecho lo mismo como él. 

Los policías arrepentidos que declararon en la causa revelaron parte de la operatoria, pero también hicieron hincapié en el rol clave del fiscal apuntado. De hecho, hay un video de una cámara de seguridad de un estacionamiento de San Martín en el que Scapolán aparece junto a policías de la División de Drogas de San Isidro cuando presuntamente plantaban pruebas para después extorsionar a una familia. Las imágenes son del 5 de junio de 2014. 

“La droga la volvían a introducir en el circuito. Eso está probado en audios en la causa.  En el caso de Leones Blancos, por ejemplo, una parte se fue a Brasil y España, y otra a la Costa Atlántica”.

Esta operatoria se repite en varios procedimientos, aunque hubo uno que sobresale del resto: la famosa operación «Leones Blancos» de diciembre de 2013, una de las más promocionadas por el entonces gobernador provincial Daniel Scioli y el jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin. 

Ambos participaron de la presentación a la prensa del procedimiento en el que habían logrado secuestrar cerca de 400 kilos de cocaína. Pero no toda la droga incautada estaba allí: la otra mitad había sido desviada para después ser comercializada en la Costa Atlántica, según se desprende de la investigación que lleva adelante el fiscal Domínguez. 

En octubre de 2015, Scapolán intervino en el secuestro de un cargamento de 11 mil kilos de marihuana en un camión cisterna. Un arrepentido cuenta que el camión Iveco con la droga estuvo estacionado en el lugar 29 horas antes de ser inspeccionado por los policías. En ese lapso, habrían desaparecido cerca de 3 mil kilos.   

La causa «Leones Blancos» llegó a juicio oral en agosto de 2016, pero todos los acusados fueron absueltos. Un escándalo.

El fiscal Domínguez detalla claramente como fue la operatoria de este grupo criminal. Veamos. Se inició oficialmente con un llamado anónimo recibido en la Dirección Departamental Quilmes de Investigaciones (DDI) del Tráfico de Drogas Ilícitas, el 29 de diciembre de 2013 a las 17.35, aunque luego se determinó que ese llamado nunca existió. 

Los policías dejaron asentados -para que nadie sospechara- que desde una quinta de Moreno saldría una combi a entregar drogas hacia Boulogne, partido de San Isidro. La camioneta, una Mercedes Benz Sprinter, y un auto de apoyo, Ford Fiesta, que la acompañaba fueron seguidos por personal policial encubierto desde el inicio del recorrido y finalmente interceptados sobre el Camino del Buen Ayre, cerca del peaje de acceso a la autopista Panamericana.

Según las actas de procedimiento, se secuestraron 481 kilos de cocaína distribuida en bolsos y fraccionada en panes. En esa ocasión, se detuvo a los dos ocupantes de la camioneta y al conductor del auto. Luego fueron arrestados otros dos hombres en el lugar donde el utilitario inició el trayecto, en Moreno. En ese lugar fueron incautados otros doce kilos guardados en un bolso y equipos industriales y logística. El caso fue bautizado como “Leones Blancos” porque dos figuras enormes de ese animal y de ese color decoraban el entorno de la pileta de la quinta de Moreno.

En las actas no se especificó que durante el allanamiento al domicilio de Moreno estuvieron el subcomisario y el comisario de la Delegación Drogas Ilícitas de Quilmes, Juan José Magraner y Marcelo Di Rosa, respectivamente. Este último declaró que había llegado allí después del procedimiento. Su presencia en ese momento fue declarada por un arrepentido y luego se verificó que ambos jefes policiales estaban en la zona antes del procedimiento e incluso antes de que se recibiera la inexistente llamada anónima en la dependencia a su cargo, gracias a la geolocalización de sus teléfonos celulares. 

Los cruces telefónicos permitieron determinar que uno de esos funcionarios policiales hablaba antes de la llamada anónima inexistente con el fiscal Scapolán. ¿Qué planeaban?

La causa fue anulada por el TOF 5 de San Martín el 26 de agosto de 2016 y las personas detenidas terminaron absueltas. La Cámara Federal de Casación confirmó la sentencia y ahora el expediente se encuentra en la Corte Suprema, a la espera de la resolución de un recurso extraordinario. 

“El procedimiento de este caso exhibe la capacidad de esta organización para adquirir información sobre sujetos relacionados al narcotráfico para beneficiarse luego en provecho propio, e incluso su posterior utilización en los medios de prensa; ello, sin entrar a considerar lo llamativo que resulta el hecho de que la parte del estupefaciente secuestrado en este procedimiento, a partir de las características de su envoltorio, esté compuesto por no menos de doce lotes de distinta procedencia y, casualmente, varios de ellos con características similares a los secuestrados en diversos procedimientos anteriores», explicó Domínguez.

En la profundización de la pesquisa, con base en el cruce de datos de las diferentes causas y las revelaciones de un arrepentido y un testigo de identidad reservada, la fiscalía determinó que los testigos que dieron fe del procedimiento se conocían con los policías y que uno de ellos recibió una camioneta Ford Eco Sport como pago por su participación.

El otro utilizaba una identificación falsa con la que ocultaba que en realidad era un ex policía, con pedido de captura en casos de narcotráfico. Ese testigo llegó al procedimiento en una camioneta Chevrolet S10 que fue utilizada para sustraer al menos otra media tonelada de cocaína a la vera de la autopista, durante el operativo de detención de quienes se trasladaban en el utilitario y su auto de apoyo.

La geolocalización del teléfono del secretario de Scapolan, Maximiliano Jarisch, ahora imputado y detenido, lo ubica en ese lugar y a la misma hora en que los bolsos -entre 26 y 28, de 20 kilos cada uno- con la cocaína no declarada en el acta eran trasladados a la Chevrolet S10.

Esa media tonelada robada del procedimiento tiene un valor estimado en 2,8 millones de dólares y fue trasladada por ese mismo testigo del procedimiento a un local de Quilmes, propiedad de un subteniente que trabajaba al mando de Magraner y Di Rosa. Dos días después, fue llevada a Santa Clara del Mar y desde allí fue distribuida para su comercialización en la Costa.

Ni el fiscal Domínguez puede creer todavía todo lo que descubrió en estos cuatro años. «¿Cómo podía pensar yo que un fiscal encabezaría una organización criminal integrada por funcionarios policiales dedicada al tráfico de drogas, la extorsión, etc., etc.? Sin embargo, eso es lo que hemos descubierto con la marcha de la investigación», fue su explicación ante la jueza Arroyo Salgado.

Para Domínguez está claro que Scapolán es el jefe de una asociación ilícita. Solo falta que siga el mismo camino que sus compañeros de causa.