ANTE UN NUEVO ATAQUE A LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y A LA JUSTICIA DEL TRABAJO
La Asociación de Abogados Laboralistas viene denunciando y accionando contra la grave crisis que sufren el Fuero Nacional del Trabajo en particular y -más aún- los derechos laborales de los trabajadores en general.
Entre los evidentes objetivos de este gobierno está el de consolidar una transferencia de ingresos de los trabajadores y otros segmentos populares a los sectores más concentrados del Capital.
Esta administración ha generado una feroz rebaja del salario producida por la inflación, la persistencia y ampliación de la precarización que sufren los trabajadores no registrados, la ausencia de prevención y reparación integral de los accidentes de trabajo, y los miles de despidos en el ámbito público y privado; por citar solo algunas de las políticas públicas que, sin sorpresa más allá de su injusticia, se han producido con el pretexto de seducción de «las inversiones», reales o ilusorias. Una manifestación explícita de esas políticas la constituye la declaración del Presidente de la Nación del domingo 24 de julio (diario La Nación) en las que expresa que una de las dos condiciones que esperan las inversiones para concretarse es «…una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte».
La brutal crudeza de esas palabras merece el mayor repudio por parte de nuestra Asociación, constituyendo un claro ataque a la independencia del Poder Judicial y a la división de poderes. Los conflictos judiciales en el Fuero del Trabajo expresan reclamos individuales de trabajadores que abarcan solo una parte ínfima de los sistemáticos incumplimientos legales que se verifican en el mundo laboral. Mencionamos solamente, a título de ejemplo, los millones de trabajadores que no se encuentran registrados o lo están deficientemente, o quienes sufren accidentes de trabajo u otros incumplimientos de sus empleadores; y todos ellos ni siquiera se ven con posibilidad de reclamar, especialmente por temor a perder sus precarios e inestables empleos.
La declaración presidencial pone nuevamente en evidencia la negación de los derechos laborales de los trabajadores, contradiciendo expresamente el principio constitucional que establece que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador…” y de allí en adelante el desarrollo legislativo -insuficiente por cierto- hacia el completo cumplimiento de ese mandato. Las manifestaciones presidenciales constituyen además una presión explícita a los jueces del trabajo para que violen lo que la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes protectorias del trabajo disponen.
Los jueces del trabajo, por mandato constitucional y social, deben ser imparciales, lo que no quiere decir neutrales, puesto que su deber es el de aplicar las normas constitucionales y legales destinadas a la tutela del sector vulnerable, e imponer su cumplimiento en esta sociedad desigual. En el mismo reportaje el titular del Ejecutivo pretende hacer gala de respeto a la independencia judicial. Y a renglón seguido, la viola explícitamente, reclamando nada menos que la balanza se incline para el lado de las prometidas «inversiones».
El pueblo argentino tiene memoria sobre el modo en que se traduce en la realidad social este discurso, y no se olvida de la nefasta experiencia regresiva de los años noventa.
En este marco, ratificamos nuestro llamado a los abogados laboralistas, a los jueces del trabajo y empleados judiciales, y a los trabajadores y sus organizaciones gremiales, para sumar esfuerzos en defensa de una Justicia Laboral independiente, sin juzgados y vocalías vacantes, con dotaciones de personal suficientes, y con la infraestructura necesaria; indispensables para el cabal cumplimiento de la función jurisdiccional que debe seguir ejerciendo. Asimismo ratificamos nuestro compromiso de lucha contra el desmantelamiento de los derechos laborales, y por ende humanos, que pretende llevar adelante esta administración.
Consejo Directivo.
León D. Piasek, Presidente
Verónica Nuguer, Secretaria General.
