La Dirección Nacional de Migraciones expresó su preocupación frente a afirmaciones falsas y carentes de sustento.
La Dirección Nacional de Migraciones –DNM – emitió un comunicado sobre supuestas afirmaciones del Fiscal José María Campagnoli. La DNM expresó su preocupación frente a afirmaciones falsas y carentes de sustento
“La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) aclaró que las declaraciones adjudicadas por el diario La Nación al Fiscal José María Campagnoli no se corresponden a la realidad. Se brindó, entonces, detalle sobre los pedidos y se lamentó ante afirmaciones falsas.
La DNM emitió un comunicado en razón de que Campagnoli habría efectuado declaraciones al diario que la involucran porque se indicaba que había solicitado una orden de allanamiento contra el organismo.
Migraciones aclaró, en primer lugar, que el funcionario judicial solicitó mediante oficio del 6 de mayo de 2013 un informe sobre entradas y salidas del país en los últimos diez años de tres personas, documento que fue entregado en el Departamento Mesa de Entradas de la DNM el 7 de mayo de 2013. Esto fue respondido el 13 de mayo siguiente, siendo recibido en la Fiscalía a cargo de Campagnoli el día 20 -apenas ocho días después de recibido el requerimiento.
En cuanto a la “súbita y sorpresiva desconexión” del enlace online que permite a los fiscales consultar la base de datos de ingresos y egresos de personas del territorio, a la que se alude en la nota, se informa que el Fiscal Campagnoli tenía asignada una clave de acceso al sistema -en virtud del convenio firmado entre la DNM y el Ministerio Público Fiscal- y que la misma fue dada de baja en razón de lo establecido en la Disposición 85.207/2008 (publicada en el Boletín Oficial del 21 de noviembre de 2008).
Dicha Disposición fija que las claves de seguridad caducan el 1 de marzo de cada año, debiendo tramitarse su revalidación antes de dicha fecha. El Fiscal Campagnoli jamás solicitó la renovación de su clave, que es personal y para uso exclusivo de su titular.
Finalmente, la DNM expresó su preocupación frente a afirmaciones falsas y carentes de sustento que ponen en tela de juicio no sólo la imagen de un organismo del Poder Ejecutivo, sino también la diligencia debida y el respeto a la ley en el cumplimiento de sus misiones y funciones”.
