11:40 |Además de figurar como monotributista de Categoría F, el jefe de Gobierno porteño figura cómo accionista de Agropecuaria Alto Valle S.A. Dicha empresa, presidida por Antonio Macri y Martina Macri, podrá participar de las licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se terminó competencia?
El jefe de Gobierno porteño figura como monotributista de categoría F y accionista de Agropecuaria Alto Valle S.A., una sociedad constituida en noviembre de 2025 que también integra su esposa, la mediática María Belén Ludueña, conductora de televisión y abogada. Con un objeto social que abarca desde negocios inmobiliarios y explotación agropecuaria hasta inversiones, comercio exterior y logística, el caso abre interrogantes sobre patrimonio, transparencia y posibles conflictos de intereses.
La política argentina tiene una capacidad extraordinaria para convertir las contradicciones en paisaje. Jorge Macri gobierna la Ciudad de Buenos Aires, administra un presupuesto multimillonario y toma decisiones que afectan a millones de personas. Sin embargo, los registros aportados lo identifican como monotributista de categoría F por servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos propios o arrendados. Al mismo tiempo, figura entre los accionistas de Agropecuaria Alto Valle S.A., una empresa que comparte con otros integrantes de su familia y con su esposa, María Belén Ludueña, conocida por su trabajo como conductora de televisión. La pregunta no es si tener propiedades o invertir constituye un delito. La pregunta es por qué los ciudadanos deben conformarse con información fragmentaria cuando se trata de los intereses económicos de quienes ejercen el poder.
La sociedad fue constituida mediante escritura del 27 de noviembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de diciembre de ese año. El capital social declarado asciende a $30 millones, representado por 30 millones de acciones de un peso cada una. Según el aviso, cada uno de los cinco accionistas suscribió seis millones de acciones, equivalentes al 20% del capital inicial. La presidencia quedó en manos de Antonio Macri; Martina Macri fue designada vicepresidenta y Giorgio Macri, director suplente. Jorge Macri y María Belén Ludueña aparecen como accionistas, pero no integran el directorio designado.
¿A qué se dedica la flamante empresa? Su objeto social parece diseñado para no dejar demasiadas puertas cerradas. Incluye compra, venta, alquiler y explotación de inmuebles urbanos y rurales; actividades agrícolas, ganaderas, frutícolas y forestales; comercialización de cereales, semillas, fertilizantes y maquinaria; importaciones y exportaciones; logística, almacenamiento y transporte; asesoramiento empresarial e inversiones financieras. El estatuto habilita, además, la participación en licitaciones públicas y privadas, la constitución de fideicomisos y la obtención de financiamiento. Por la amplitud de las actividades declaradas se vuelve indispensable conocer su funcionamiento efectivo.
Aquí aparece la cuestión que Jorge Macri debería responder sin rodeos: ¿cuál es su situación patrimonial real y cómo se compatibiliza con sus responsabilidades públicas? Cuando un funcionario de máxima jerarquía y su cónyuge participan de una misma empresa, la transparencia patrimonial y la prevención de conflictos de intereses adquieren especial relevancia. La ciudadanía tiene derecho a conocer los intereses económicos declarados por sus gobernantes y los mecanismos aplicados para evitar que las decisiones públicas favorezcan negocios particulares.
La documentación decisiva es la declaración jurada patrimonial y de intereses de Macri, sus eventuales actualizaciones y las evaluaciones de los organismos competentes. También corresponde determinar si la participación societaria de Ludueña está debidamente declarada cuando así lo exija la normativa aplicable, y verificar si existen operaciones concretas de la empresa que involucren organismos públicos o decisiones bajo la órbita del jefe de Gobierno.
La pregunta que Jorge Macri no puede esquivar es tan concreta como incómoda: ¿cómo se garantiza la transparencia cuando quien gobierna una de las jurisdicciones más importantes del país participa en una sociedad familiar habilitada estatutariamente para presentarse a licitaciones públicas y privadas en cualquier punto de la Argentina? La combinación de poder político, intereses societarios familiares y facultades empresariales tan amplias exige controles estrictos, declaraciones patrimoniales completas y explicaciones documentadas. Porque el problema institucional no es solamente si un funcionario puede hacer negocios, sino cómo se evita que su cargo, sus relaciones o su capacidad de decisión se conviertan —o siquiera parezcan convertirse— en una ventaja para sus intereses privados. Sin información verificable sobre la actividad de la firma, sus eventuales contratos públicos y los mecanismos de prevención de conflictos de intereses, la transparencia queda reducida a una promesa y la ciudadanía, obligada a confiar donde tiene derecho a exigir pruebas.
Fuente: Primera Página
