El camarista de San Isidro, Luis Cayuela, advirtió en Radio 10 que «sin dudas debería actuar un fiscal por algún tipo de sedición» al haber amenazado a los ministros del máximo tribunal. Qué dice el artículo del Código Penal sobre ese delito.
El camarista de San Isidro Luis Cayuela advirtió esta mañana que la amenaza de «tomar el Palacio de Tribunales» que lanzó ayer la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, es un acto de «sedición» y pidió la «actuación de un fiscal».
«Creo que el ‘tomando’ es un hecho sedicioso, una incitación a la violencia, que en estos días estamos acostumbrados, pero en esta mujer me llama la atención, no sé lo que busca justamente ella, que fue víctima de la dictadura» , dijo el camarista.
Cayuela advirtió que «está claro que acá hay alguien que la maneja en su inimputabilidad, alguien le da letra y alguien se lo permite y no se dan cuenta que eso es jugar con fuego».
En sintonía con el camarista, el elegido representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura, Daniel Ostropolsky, reclamó que un fiscal tome intervención luego de la amenaza de la titular de Madres de Plaza de Mayo, quien llamó a «tomar el Palacio de Tribunales».
«Cuando existen dudas a cerca de si un comportamiento es o no pasible de ser investigado, el que tiene que actuar es un fiscal», aseguró Ostropolsky en un reportaje con el periodista Oscar González Oro , en el programa El Oro y el Moro de Radio 10 .
El abogado mendocino insistió en que Hebe de Bonafini «cometió un hecho sumamente negativo e ilegítimo y debería intervenir un fiscal».
«Esto es de tal magnitud, que empezar a hacer especulaciones sin tener la virtualidad de tener que decidir sobre el tema…, hay que tener mucho cuidado» , añadió el representante de los abogados del interior del país en la Magistratura.
Lo que dice el Código Penal:
El artículo 226 -dentro del apartado Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional- explica que «serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en términos y formas legales».
