Reunidos en el G-6, representantes de distintas áreas productivas cuestionaron el ascenso de magistrados en el fuero laboral. «No se trata de cuestionar la formación académica. Se trata de subrayar que es una de las bases de la igualdad ante la ley que quienes deban juzgar sean independientes«, manifestaron en un comunicado. También se refirieron a la negociación salarial.
Y agregan: «Se trata nada menos que de Jueces de la Nación, que deben garantizar el imperio de la ley y no la voluntad de un sector de la sociedad».
Así rezan los primeros párrafos del comunicado que firmaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez; de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; de la Asociación de Bancos Argentinos, Jorge Brito; de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati y de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, por sus preocupaciones ante los nombramientos en la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
La lista de jueces que preocupa al núcleo empresario está integrada, entre otros, por Graciela Lucía Craig, segunda esposa del diputado nacional Héctor Recalde y por Diana Regina Cañal, una magistrada ligada al gremio de los judiciales de Julio Piumato.
«Además, esta actitud parece enrolarse en una escalada más del método de acción directa, por el cual se llevan a cabo intimidaciones y actos de violencia, como medio para obtener objetivos particulares, vulnerando la ley y el derecho de personas, sindicatos y empresas», sostienen los máximos referentes de los empresarios.
También expresan su inquietud por que «exponentes de posiciones contrapuestas, sean juez y parte en las decisiones finales que, de esta manera –aún en el caso que fuesen justas e irreprochables— quedarán heridas por la duda de la parcialidad, dañando el imprescindible clima de confianza en la Justicia que todos debemos defender».
El reclamo salarial
En el mismo escrito, los empresarios informaron su preocupación por las declaraciones de algunos líderes gremiales que adelantaron sus pretensiones salariales antes de el inicio formal de las paritarias.
«No podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante expresiones de dirigentes de algunos sectores sindicales que hacen públicas, con inusual anticipación, lo que serían sus pretensiones salariales en futuras paritarias, mencionando aumentos de una magnitud que no se compadece con la realidad», ahondó el comunicado.
De ahí que sostiene el comunicado del G-6: «Nos corresponde, como hemos hecho en otras oportunidades, llamar la atención acerca de lo perjudicial que es para superar este clima que nos preocupa, y preocupa a la señora Presidenta, promover a quienes tienen posición tomada frente a temas como la participación de los trabajadores, la legislación sobre accidentes de trabajo, e incluso la metodología de protesta, cuando inexorablemente deberán pronunciarse, ya en su carácter de magistrados del fuero, acerca de estos mismos temas, fallar en conflictos y pronunciarse ante disputas de intereses».
