Vergüenza sin límites, sigue el paro de subtes

Mientras ni el gobierno nacional, ni el porteño se ponen como objetivo el bien de los ciudadanos, pasajeros, votantes, o como se los quiera definir, los sindicalistas del subte aseguraron que impugnarán la conciliación dictada por el Gobierno porteño. Y ratificaron la continuidad de la medida de fuerza.

El conflicto en el subte sigue sin solución. Esta tarde, tras el fracaso de una nueva reunión, los metrodelegados extendieron otras 24 horas el paro que realizan desde el sábado pasado. El anuncio fue efectuado en medio de duros cuestionamientos a las autoridades y a la empresa Metrovías, concesionaria del servicio. De esta forma, la medida cumplirá ocho días en forma consecutiva.

Tras la reunión con el Gobierno de la Ciudad, los metrodelegados ratificaron el paro y volvieron a reclamar a Metrovías que dé «un paso al costado» si es  «insolvente», mientras afrontan la advertencia de la Fiscalía General  porteña, que recordó que carecen de personería gremial y son  pasibles de sanciones penales y económicas.

El secretario general de  los metrodelegados, Roberto Pianelli, reclamó a las autoridades  porteñas que «se hagan cargo» del conflicto, que provocó el colapso de  la Ciudad durante esta semana.

«A nosotros no nos van a intimidar.  (Mauricio) Macri, pídale a (Juan Pablo) Piccardo que organice y  administre esta empresa, porque no va a cerrar el Subte como él quiere», advirtió.

En tanto, el delegado de la Línea C, Néstor Segovia, acusó de «chantas»  a los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y negó que  hayan firmado un acuerdo del 23 por ciento de aumento salarial como  anunciaron.

La Fiscalía General porteña advirtió, por su parte, que  los metrodelegados carecen de personería jurídica y pueden ser pasibles  de sanciones penales.

«Queremos determinar si quienes han gestado y  orquestado esta huelga tenían justificación y representación para llevar  adelante semejante medida de fuerza», dijo a DyN el fiscal general  adjunto, Luis Cevasco.

El funcionario del Ministerio Público sostuvo  que, de comprobarse un delito o contravención, los representantes de la  Asociación Gremial de Trabajadores del subte y Premetro (AGTSyP)pueden ser pasibles de multas y sanciones penales de  hasta dos años de prisión por «interrumpir un servicio público vital,  esencial».

El fiscal aseguró que «entre lunes y martes» tendrán una  definición, pero aclaró que la resolución «no tendrá incidencia en si la  huelga sigue o no».

La UTA, que acató la conciliación obligatoria,  confirmó que llegó a un acuerdo de aumento salarial del 23 por ciento  con la concesionaria de las seis líneas de subterráneos  y el premetro.  «Estoy preocupado, así no se puede seguir más. En  nuestro gremio no hay una interna gremial ni conflicto«, reiteró el  secretario general de la UTA, Roberto Fernández.

A su vez, el subsecretario de  Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, dijo que si la AGTSyP no acataba  la conciliación obligatoria dictada por esa cartera se evaluarían  «cuáles son las sanciones que van a tener».

Por su parte, Mauricio Macri denunció que el paro no se va a levantar «en el corto  plazo» porque los metrodelegados «no colaboran y algunos de ellos están  politizados», y volvió a atribuir a la «irracionalidad» de la  administración nacional la continuidad del conflicto.

El mandatario comunal calificó de «enorme» y «gigantesco» el «problema del subte», y evaluó que en las actuales condiciones ese servicio «necesita una tarifa de 5,50 pesos», cuando hoy es de 2,50.

Los usuarios convocaron hoy a través de las redes sociales a no abonar  el pasaje desde el próximo lunes y durante cinco días, en protesta por  la medida de fuerza.

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