El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y autoridades de la CGT y la CTA respaldaron en la Cámara de Diputados el inicio del debate de tres proyectos de ley para tipificar como delito, en el Código Penal, el trabajo infantil, que podrían llegar a una iniciativa consensuada con media sanción parlamentaria antes de fin de año.

 Tras una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Legislación Penal, Tomada dijo que, según datos de 2004, hay 500 mil niños afectados por la explotación laboral, detectados, entre otros, en el sector agropecuario, fabricación de ladrillos y textil.

«Hay que abandonar la idea de que el trabajo infantil es algo propio de determina cultura», advirtió el titular de la cartera laboral e insistió en que «el único lugar donde tienen que estar los niños es en la escuela o jugando».

Diputados de bloques del oficialismo y de la oposición manifestaron su acuerdo en avanzar con la ley y se comprometieron a trabajar con la colaboración de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, para consensuar en un dictamen tres proyectos de ley que pertenecen respectivamente al presidente de la comisión de Legislación de Trabajo y abogado laboralista Héctor Recalde (FPV), a la diputada kirchnerista Diana Conti y a Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro).

Las coincidencias expresadas sobre la necesidad de avanzar con el proyecto tanto por diputados oficialistas como opositores hicieron que luego Tomada y Recalde, en declaraciones a la prensa, resaltaran la presencia del «diálogo» entre sectores «en la búsqueda de la igualdad».

Incluso Recalde dijo que «es un valor agregado que no esperábamos» luego del resonante triunfo electoral en primarias que obtuvo el kirchnerismo.

Tomada, a su vez, puso de relieve «la voluntad de la población argentina a vivir en democracia», tomando como dato la alta participación de la ciudadanía que hubo el domingo.

A la reunión asistieron por la CGT el secretario de Capacitación y Formación, Juan Carlos Schimidt, y Carlos González en nombre del titular de la central obrera, Hugo Moyano, quien sigue enfermo.

También Hugo Yasky fue por la CTA y por la oficina Buenos Aires de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Marcelo Castro Fox.

De la CGT sólo habló en la reunión González, quien afirmó que «el que contrata a un chico es un delincuente» porque al niño o niña «le roba su libertad y su integridad», al tiempo que señaló que «el trabajo decente es aquel que comprende a personas en edad de trabajar y en la Argentina eso es a partir de los 16 años. Menos (edad) es explotación».

Yasky manifestó la necesidad de «poder avanzar en una política pública» y si bien advirtió «no se va a resolver mágicamente el trabajo infantil», reconoció que no modificar el Código Penal es «darle a los sectores de poder la posibilidad de seguir adelante con este tipo de práctica».

El Ministro de Trabajo indicó que en los últimos años la cartera vino realizando acciones para combatir el trabajo infantil junto con medidas de inclusión como la Asignación Universal por Hijo pero admitió que «una ley no resuelve los problemas, una multa no resuelve los problemas, es un paso adelante» para dar «una respuesta en el siglo XXI a un problema del siglo XIX».

«El algún tiempo podía ser un orgullo trabajar desde los 7 años, pero hoy en día ningún hico tiene la posibilidad de mejorar por eso», subrayó Tomada.

El diputado kirchnerista y secretario del gremio de canillitas, Omar Plaini, en nombre de la CGT reconoció que «se han logrado muchas cosas», pero marcó también que el proyecto debería ser complementado con una reforma impositiva integral, una ley sobre la renta financiera y contra la propiedad extranjera de la tierra.

El diputado radical Miguel Ángel Giubergia alertó por su parte que se debe trabajar en los proyectos «para que no puedan (los que usan mano de obra infantil) escudarse en una pena menor si cometer delitos que se encuadran en tipificaciones más graves como el trabajo esclavo y el sometimiento a la servirdumbre».

Liliana Parada (Proyecto Sur) dijo que «desde nuestro punto de vista no todo se debe a la voracidad de las empresas» y señaló que «hay cinco millones de niños no alcanzados por la Asignación Universal», a la vez que advirtió sobre las consecuencias de «criminalizar la pobreza».

Esto luego fue rechazado por la titular de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Pilar Rey Méndez, quien aclaró que «la estrategia de supervivencia» y el «trabajo familiar» son contemplados por organismos competentes de la Nación y a nivel provincial.