La presentación de Carlos Regazzoni (recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo) plantea que se debe investigar si Luciano Di Césare perpetró delitos como “defraudación contra la administración pública”.
El flamante titular del PAMI, Carlos Regazzoni, denunció ayer penalmente a su antecesor Luciano Di Césare por supuestos manejos irregulares en los fondos de la obra social de jubilados y pensionados. Según fuentes judiciales, la denuncia de Regazzoni plantea que se debe investigar si Di Césare perpetró delitos como «defraudación contra la administración pública«, «defraudación por administración fraudulenta» y «negociaciones incompatibles con la función pública».
Los abogados que representan al actual titular del PAMI presentaron ayer la denuncia en la Cámara Federal porteña, la que finalmente recayó por sorteo en el juzgado federal 4 de Ariel Lijo .Desde noviembre pasado Di Césare ya está procesado por el delito de defraudación a la administración pública por haber comprado letras del Tesoro nacional con plata de los jubilados, de 2008 y 2012.
El juez federal Claudio Bonadío lo procesó al considerar que el funcionario «financió durante cinco años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social«.
Según Bonadío, las operaciones de inversión en letras del Tesoro por parte del PAMI entre 2008 y 2012 ascendieron a 14.810 millones de pesos.
El magistrado puso de relieve que «esa operatoria la hizo sistemáticamente sin intervención de las áreas especializadas del Instituto (Gerencia Económica Financiera) y sin ninguna tramitación administrativa interna que aconsejara o resolviera conveniente la inversión».
La inversión «impidió» que la entidad «contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios«, consignados en la ley 19.032 y no destinados «al financiamiento del Estado Nacional».
Bonadío entendió que Di Cesare, «abusando del cargo que ocupaba, desvió sumas de dinero de las arcas del PAMI, dándoles un destino diferente al que correspondía a sus fines propios y ocasionando, de esa manera, perjuicio en las prestaciones del organismo».
«Desde ese lugar, abusando de su cargo e incumpliendo sus obligaciones, logró llevar a cabo las maniobras tendientes a financiar al Estado Nacional, en detrimento del Instituto y sus beneficiarios», apuntó.
El fallo sostiene que «para disimular el financiamiento del Estado que llevaba a cabo con dinero de la obra social de los jubilados, (Di Cesare) dispuso lo necesario para aparentar la existencia de fondos excedentes que en realidad no existían.
