Reapareció Sergio Berni y criticó al presidente por anular el Decreto de Macri

“No se trata de estigmatizar, sino que las personas que quieran asentarse en nuestro país no hayan delinquido”, aseguró.

Sergio Berni, ministro de seguridad bonaerense, critico la decisión del gobierno de Alberto Fernández de derrogar el decreto de la gestión de Mauricio Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes.

Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones en enero de 2017. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

Se argumentó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico la cifra de inmigrantes subía al 33% en ese año.

En su columna de opinión en Infobae, señaló que “Me levanto todos los días a las 5 de la mañana para dejar alma y vida en el resguardo de la seguridad de millones de bonaerenses, justo en una provincia que tiene una proyección de 1100 homicidios al año. Muchas veces percibo que la justicia y la legislación vigente no facilitan esa tarea sino que la complican innecesariamente, consagrando una distancia abismal con lo que piensa y nos exige la nuestra sociedad”.

“No entiendo los fallos judiciales que consideran discriminatoria la cláusula de no tener antecedentes penales para entrar al país, y que consecuentemente se modifique la legislación invocando dicha jurisprudencia. Aquí no se trata de estigmatizar al extranjero. Se trata de exigir algo mínimo, algo básico: que las personas que quieran asentarse en nuestro país no hayan delinquido. Ni más ni menos. No importa el origen de la nacionalidad, ni la religión, ideología, condición económica, género, opiniones o filosofía de vida: tan sólo que quienes quieran vivir entre nosotros carezcan de antecedentes penales” sentenció.

Y agregó “estas medidas deslegitiman la capacidad del Estado para hacer las cosas que verdaderamente sí tiene que hacer. Que perdemos demasiado tiempo en los pretendidos derechos de última generación, en desmedro de los derechos más básicos y elementales: vida, seguridad, trabajo, salario y propiedad. Que resulta confuso a quién queremos representar con estas medidas y a qué sujeto queremos interpelar”.

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