
Hace ya muchos años que el Poder Judicial en la Argentina se ha ido degradando a pasos acelerados, atrás quedaron las épocas en las que el puesto de magistrado era sinónimo de distinción, de formación, de imparcialidad y de honorabilidad.
Los jueces y fiscales conocían sus expedientes, no se dedicaban a leer una reseña y firmar resoluciones, los motivaban el prestigio y el bronce y en general tenían un patrimonio personal que les permitía estar en una posición complicada para «tentarlos».
Hoy en día el Poder Judicial en las encuestas de percepción de organismos corruptos se ubica en el segundo puesto, apenas debajo de los políticos y por sobre los sindicalistas.
La apreciación de los ciudadanos es que el Poder Judicial es una institución infectada por la corrupción no solo por las sospechas de que se reciban dádivas, sino también por el hecho de que muchas veces los jueces lejos de respetar y hacer respetar la Ley son ellos mismos los que se niegan a cumplirla recurriendo a maniobras poco éticas a las que disfrazan de legitimidad, pero de dudosa legalidad.
Esta realidad ha llevado a que se digan frases tales como: «La justicia es como las serpientes. Solo muerdes a los que están descalzos» pronunciada por el asesinado Arzobispo Óscar Arnulfo Romero.
Ejemplos de magistrados corruptos sobran pero muy pocos han sido apartados de sus cargos ya que juega y mucho el respaldo político que tengan al momento del jury, un caso emblema de la impunidad de un magistrado es el de Norberto Oyarbide quien fue una vergüenza para la magistratura y el Poder Judicial, pero siempre supo caer bien parado independientemente del gobierno de turno.
Desde la famosa servilleta de Corach, los nombramientos y cambios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasando por la disputa por la permanencia en la Corte del ex juez Carlos Fayt que se «atrinchero» en su cargo con el patrocinio del mediático abogado Jorge Rizzo, el que tiene la habilidad de interpretar la Ley al antojo de su cliente, pero con un empuje único pero argumentar revelando más condiciones de vendedor que de abogado, desaparecido Fayt, obtuvo un nuevo cliente ministro de La Corte, en este caso a Ricardo Lorenzetti, ya tener de abogado a Rizzo nos demuestra la poca seriedad de los magistrados, porque Rizzo más allá de lo simpático que puede parecer al principio es todo menos un abogado con presencia y equilibrio.
Cuando el macrismo ganó las elecciones, a la semana Mauricio Macri fue sobreseído en la causa por las escuchas cuando no hacia mucho tiempo se había confirmado su procesamiento, Néstor Grindetti con pedido de captura internacional también fue beneficiado por la justicia a dos meses de haber asumido como intendente de Lanús.
Si hay un gobierno que deliberadamente interfirió en la justicia es el de Mauricio Macri y su entorno, primero con el escándalo de intentar designar por Decreto a dos miembros de La Corte, Carlos Rosenkrantz, rector de la universidad privada de San Andrés, doctor en Yale y exasesor del Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), aliada del partido liberal Propuesta Republicana (PRO), de Macri. Por otro, nombrará a Carlos Rosatti, que fue ministro de Justicia del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) hasta que renunció de manera intempestiva y misteriosa.
El principal critico legislativo fue Miguel Ángel Pichetto quien no ahorró criticas y calificativos al presidente Mauricio Macri.
Como nunca avanzaron en tiempo record y con serios vicios judiciales causas por corrupción pero con reparos y con un abuso de prisiones preventivas y arrepentidos, generando reclamos y sospechas de causas artificiales sostenidas por interpretaciones subjetivas de la Ley.
Todo terminaría de explotar cuando jueces federales terminaron exponiendo en el Congreso de la Nación y el Juez Federal Alejo Ramos Padilla procesara en rebeldía al Fiscal Federal Carlos Stornelli, un impresentable representante del Ministerio Público Fiscal que por el escudo político evitó ser suspendido generando descrédito en la imagen de la Procuración General de la Nación y del procurador interino Casal.
La desigualdad que a diario se ve en los tribunales que uno escoja son el producto del daño que la política le hizo al Poder Judicial, quien perdió la jerarquía constitucional que le otorga el concepto de República como uno de los tres poderes y el denominado control difuso de constitucionalidad y de contrapeso de los poderes.
Los últimos fallos provenientes del edificio de Comodo Py, no pueden pasar desapercibidos, la falta de mérito para los funcionarios kirchneristas en la causa por el soterramiento del Sarmiento y el rechazo al cierre de la causa del Correo Argentino, sumado al freno del Juez federal Claudio Bonadío que iba contra Cristina Kirchner aún en causas que no le correspondían, revelan que la justicia en general va de regular a mala.
Miles de argentinos son sometidos a procesos judiciales irregulares, a mamarrachos judiciales sin que sean escuchados, sin que alguien defienda sus derechos porque la defensa pública no está excluida de tener un funcionamiento malo, discrecional e ineficiente, las estadísticas presentadas por el CELS o la CPM son más que suficientes para entender que existe una justicia VIP y una justicia discriminadora.
Se hace necesario ampliar los representantes de la sociedad en los consejos de la magistratura y su participación en el juzgamiento de fiscales y defensores, porque no existe otra forma de garantizar funcionarios honestos y eficientes.
Si quienes deben administrar justicia no respetan la igualdad ante la Ley, si no pueden justificar su patrimonio o mienten en las declaraciones juradas, se auto benefician en el pago de ganancias y trasparentan el uso de los recursos que reciben del Estado, estamos muy mal.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw