Piden juicio político del Ministro de La Corte Eugenio Zaffaroni

La Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia, una organización relacionada con los represores de la última dictadura, pidió al Congreso el juicio político del Juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni por ser dueño de departamentos en los que supuestamente se ejercía la prostitución.
 
La organización denunciante se define “preocupada por el activismo judicial que mantiene más de 600 prisioneros políticos en la Argentina, miembros en su mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad que, acompañados en su padecer también por civiles, son perseguidos por haber combatido en los años ‘70”.
 
Mediante una presentación firmada por su presidente, Alberto Solanet, y el vice, Mariano Gradín, la entidad invocó la causal de “mal desempeño” para promover el proceso de destitución de Zaffaroni, quien –según la denuncia- “ha hecho uso, al menos desaprensivamente y más que probablemente a sabiendas, de ciertos inmuebles de su propiedad, facilitándolos en alquiler a terceros para el ejercicio de la prostitución”.
 
El juez de la Corte “originó así un escándalo público que afecta directamente la honorabilidad” de la Corte Suprema, reza el escrito.
 
“Aún en la hipótesis inconcebible de que el imputado haya podido ignorar inicialmente el destino dado a sus inmuebles, es indudable que han existido denuncias y protestas de los vecinos y administradores de los consorcios que sin duda llegaron al conocimiento del doctor Zaffaroni”, añadió el pedido de juicio político.
 
La Asociación defiende a represores presos “por los deberes propios al servicio de armas y según las órdenes del Estado” que combatieron “a milicias irregulares armadas, dirigidas y entrenadas por países extranjeros para asaltar el poder e imponer en el país un régimen comunista”.
 
“En los últimos cinco años se ha acentuado notoriamente el hostigamiento contra militares y policías con el objetivo inmediato de privarlos de su libertad a cualquier precio, anulando indultos y leyes del Congreso que habían sido homologados por la Corte Suprema, reabriendo procesos sin respeto por la elemental garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad que es base de nuestro orden jurídico”, proclama la entidad en su acta fundacional.

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