Los organismos que denunciaron penalmente al gremialista Gerardo Martínez como supuesto agente del Batallón de Inteligencia 601 en el gobierno militar pedirán al Gobierno que explique por qué no denunció el caso y nombró al sindicalista en una delegación oficial a la OIT.
«La Presidenta llama a Martínez ‘el Delfín’ y quería que fuese el nuevo secretario general de la CGT en sucesión de Moyano», dijo la abogada Gina Erramuspe.
La letrada denunciante, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADH), anticipó que «los organismos pediremos una audiencia con la ministra Nilda Garré porque queremos que explique cómo es posible que tipos como Martínez tengan cargos políticos en el Gobierno».
«El gobierno de los derechos humanos tenía en su poder la lista de miembros de agentes del 601 y sabía que allí figura Martínez, sin embargo lo calló y hasta pretendía erigirlo como sucesor de Hugo Moyano en la CGT», agregó la letrada.
Erramuspe anticipó que «también vamos a pedir una reunión con la delegación de la OIT y pediremos la exclusión de Martínez de ese organismo».
El CADH y el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), más la CTA opositora, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros, radicaron el martes una denuncia penal contra Martínez en el juzgado federal número 9, que ahora subroga el magistrado Sergio Torres.
En su denuncia, los organismos pidieron que el titular de la Unión Obreros de Construcción (UOCRA) sea citado a prestar declaración indagatoria y se lo detenga por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de 105 albañiles afiliados al gremio durante la dictadura.
Los denunciantes recordaron que los miembros del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército de la dictadura han sido imputados de delitos de lesa humanidad.
Entre los denunciantes figuran, además, Liberpueblo; la Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA); el Movimiento Territorial Liberación; la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA); y la CORREPI, entre otros.
