Varios medios de prensa, destacaban hoy un hecho irregular en el cual la justicia tiene por probado que se han eliminado pruebas relevantes en la investigación por la ruta de la «Efedrina» y sus vínculos entre empresarios del sector farmacéutico y funcionarios del gobierno nacional, pero resulta que esto no es un dato menor, ni es la primera vez que empresas de telefonía quedan bajo sospecha por situaciones similares en las que se investigan vínculos en el tráfico de drogas. Deberá ser la justicia la que mediante el estudio de especialistas determine las responsabilidades penales, por encubrimiento o incluso participación en los delitos que se investigan.
Hubo al menos dos llamados entre un empresario farmacéutico involucrado y un funcionario de la Sedronar. Sin embargo, el allanamiento ordenado por la Jueza Federal Servini de Cubría a una empresa de telefonía móvil arrojó resultados negativos.
La investigación por el caso de tráfico de efedrina en la que está procesado por narcotráfico el ex titular de la Sedronar, José Granero, sumó un nuevo capítulo. La prueba para una pista clave que seguía la Jueza Federal María Romilda Servini de Cubría desapareció misteriosamente de la noche a la mañana.
Se trata de dos llamadas telefónicas registradas en febrero y junio de 2005 entre el secretario de Granero, Miguel Zacarías, y el empresario importador de efedrina, Augusto Abraham, de Farmacéuticos Argentinos (FASA). El primero es además hermano de un secretario privado de Cristina Kirchner, Luis Zacarías.
Tras allanar las oficinas de la empresa Movistar (perteneciente al Grupo de Telefónica), la Jueza Servini de Cubría se encontró con una extraña irregularidad. Las llamadas salientes desde el teléfono de Abraham estaban registradas, pero no aparecen como recibidas en la línea de Zacarías, según informó una fuente vinculada a la investigación al diario Clarín.
La pista deriva del allanamiento en la casa y las oficinas de Abraham, donde la Policía encontró una tarjeta personal del ex titular de la Sedronar que a su vez tenía «escrito a mano un número de teléfono fijo y uno de celular con el nombre ‘Zacarías Miguel’, que resultaba ser el secretario privado de Granero, y dicho abonado celular, registra al menos dos comunicaciones telefónicas con Abraham», según consta en la causa.
Hay otros datos que vinculan al empresario con el funcionario del organismo estatal. Sandra Oyarzábal, quien fuera asesora de Granero aunque no figuraba en los registros oficiales, era también la ex pareja de Abraham, información que el ex titular de la Sedronar omite en su declaración.
Algo similar sucede con Susana Muzzio, también secretaria de Granero, quien más tarde pasó a trabajar como empleada de la droguería Prefarm, vinculada con la investigación. Según la fuente consultada por el matutino, «ambas fueron puestas por Abraham para controlar el sistema de importaciones desde adentro de la Sedronar».
Las comunicaciones entre empresarios, funcionarios y personas vinculadas al tráfico de efedrina con la Casa Rosada, el Pami, y el Registro Nacional de Precursores Químicos son múltiples, y coinciden con fechas clave en las que se autorizó el ingreso de grandes cantidades de droga. Se habla de cargamentos de entre 500 y mil kilos de efedrina.
La imputación contra Granero y otros funcionarios está basada en que «autorizaron el incremento de las importaciones de efedrina en un 1363% en solo 4 años. Se pasó de importar entre 1200 a 1500 kg de efedrina desde los años 1999 hasta 2003, a más de 20.000 kg solo en el año 2007″.
La Jueza calificó de ilícita esa laxitud en los controles, al considerar que se ingresó «al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y alterando posteriormente su destino de uso».
