Menos datos en las declaraciones juradas públicas de funcionarios

 declaración-jurada-patrimonial  Una de cal y una de arena podríamos decir, respecto a las reformas en la presentación de las declaraciones juradas que deberán presentar los funcionarios, y que por su contenido, limitan el control ciudadano respecto de quienes las presentan, es decir, mientras que por un lado se garantiza la publicidad de las mismas y el acceso de los ciudadanos de forma más sencilla, por el otro, se quitan datos de suma importancia que hacen a un correcto control de lo que se declara.

Los funcionarios del Gobierno Nacional podrán consignar a partir de ahora menos datos en las declaraciones juradas de bienes que están obligados a hacer públicas. Esto es así por la Ley de Declaraciones Juradas que aprobó el Congreso con impulso del kirchnerismo en el marco del paquete de la reforma legislativa y su reciente reglamentación por parte del Gobierno.

La norma amplía el universo de dirigentes obligados a presentar declaraciones juradas: además de los mandatarios y funcionarios y del gobierno nacional, los jueces y fiscales, los miembros del Consejo de la Magistratura, los embajadores, y el personal jerárquico de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de los entes reguladores, de los organismos de control y de las universidades, entre otros, también tendrán que hacerlo los candidatos a cargos electivos  nacionales (además del presidente y el vice, los diputados y  senadores).

Además, en todos los casos esas declaraciones juradas serán públicas. Pero, al mismo tiempo, se modifica lo que hasta hoy era obligatorio y se reduce el detalle de datos a los que puede accerder el público. El argumento para que estas las Declaraciones Juradas públicas sean «iguales a aquellas que con fines impositivos se presentan ante la AFIP» es que eso dotará «de mayor congruencia al sistema» y optimizará «la calidad y certeza de la información».

Así, en la declaración pública ya no se piden detalles como los metros cuadrados de los inmuebles declarados y el origen de los mismos, como hasta ahora era obligatorio. Y, además, a la declaración que será publica se añade un «anexo reservado» en el que se solicitan los datos del cónyuge o conviviente del funcionario, y de sus hijos menores no emancipados. En ese anexo, la información de bienes familiares incluye los bienes inmuebles, tarjetas de crédito, depósitos y dinero en efectivo e ingresos por venta de bienes inmuebles. También un apartado donde se deben declarar los antecedentes laborales y actividades actuales «remuneradas o no» del particular afectado.

Las declaraciones juradas deberán constar tanto en el ente recaudador como en la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo y en las dependencias que determinen los poderes Judicial y Legislativo. Y deberán ser publicadas en Internet –sin el «anexo reservado»- para facilitar «un mejor y eficiente control social del desempeño de los funcionarios públicos».

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