A dos años de la Masacre de Transradio, un incendio en una comisaría que terminó con la muerte de 10 personas privadas de su libertad, las familias exigen que el fiscal investigue a los responsables y evite responsabilizar a las víctimas. Por el caso no hay detenidos

Matilde Rojas, madre de Elías Soto, un joven de 20 años que falleció en el incendio, aseguró: “Por ahora la causa está parada y el fiscal desde el principio tuvo intenciones de cerrarla porque culpa a los chicos de iniciar el motín”. 

En un comienzo se tomaron declaraciones a los policías de la dependencia, a los detenidos que sobrevivieron y a los bomberos, pero con la pandemia se frenó la investigación, que ya venía lenta.

En este contexto, se le tomó declaración a quien distribuía los colchones ignífugos, al jefe distrital y del servicio penitenciario que no aceptaba los traslados de los jóvenes. También continúa la intención para que declare el ex ministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. 

En este sentido, Matilde explicó que Fernando Semisa, el fiscal a cargo, se rehusó a investigar a los que debían evitar que esto suceda. “Queremos que se investigue la responsabilidad de los policías y también a los responsables políticos, de los cargos más jerárquicos que tienen que dar explicaciones”, afirmó la madre del joven. 

Los familiares de los privados de su libertad junto con la Comisión de Memoria Provincial solicitaron la recusación del fiscal, pedido que fue denegado, e insistieron para que la causa se mantenga abierta a pesar de los intentos de la justicia por concluir con la investigación. 

“Creo que va a ser un camino largo porque sabemos cómo son las cosas cuando la policía está involucrada pero esperamos que se haga justicia y que sean juzgados los que tienen que ser juzgados”, advirtió Matilde. 

La Comisaría debía estar  clausurada desde 2012, estaba sobrepoblada debido a que había 21 personas a la espera de su traslado, no tenía ventilación o colchones ignífugos, ni procedimiento en caso de incendio o matafuegos. 

Es por eso que los familiares solicitan que se analice la cadena de responsabilidades ya que las personas privadas de su libertad vivían en la Comisaría en condiciones infrahumanas. Sin embargo, el fiscal se abocó por el incendio seguido de muerte. 

Las familias de las víctimas solicitaron que la comisaría sea un espacio de Memoria y que se cierre definitivamente para inaugurar una secretaría de derechos humanos en el partido de Esteban Echeverría. Además realizarán el 15 de noviembre una conmemoración virtual por redes sociales con charlas con los familiares para visibilizar lo ocurrido. 

El hecho sucedió en la madrugada del 15 de noviembre de 2018 cuando los detenidos de la comisaría agruparon los colchones del edificio para prenderlos fuego a modo de protesta debido a que los efectivos policiales les habían cortado la luz mientras escuchaban música y también por las condiciones insalubres en las que se encontraban.

Había detenidos que tendrían que haber estado 72 horas para luego ser trasladados pero llegaron a permanecer más de un año.