El Juez de Garantías N°9 del Polo Judicial de Avellaneda, Luis Silvio Carzoglio, vuelve a estar en el ojo de todos y a generar expectativa desde las operaciones mediáticas y políticas en una causa de interés como es la posibilidad de que uno de los referentes del clan Moyano sea detenido.
El pedido de detención de Pablo Moyano, resulta por demás sugerente y afecta lo que se puede entender como el debido proceso, ya que si bien el pedido de detención inmediata del líder sindical proviene de un representante del Ministerio Público Fiscal, lo cierto es que el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, obedece más a un intento de satisfacer a su superior el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, que a una medida judicial ajustada a derecho.
Incluso el Fiscal Scalera fue quien encabezó curiosamente los allanamientos en la Feria de La Salada, que terminó con la detención del ex poderoso Castillo, acciones que desde el gobierno nacional y provincial se tomaron como un éxito de la gestión pero que falta mucho en el plano judicial.
La función de Scalera por su cargo no es la de suplir al Agente Fiscal de instrucción, sino todo lo contrario, observar la legalidad de los actos de este y resolver en consecuencia planteos respecto al desempeño de la Fiscalía a sus ordenes, pero de ninguna manera, aún siendo su superior, un Fiscal General o el propio Porcurador, puede inidcar o direccionar la investigación de un Fiscal, salvo evidente y comprobada negligencia o mal desempeño del representante del Minsiterio Público, en cuyo caso la actividad correcta es la de designar otra fiscalía, pero sin realizar directivas sobre la dirección de la investigación.
Un dato no menor es el hecho de que la causa en cuestión pasó por el Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, a cargo del Juez Gabriel Vitale, algo que incomodaba a los operadores judiciales por la integridad del magistrado.
No es la primera vez, que causas donde existe un relevante interés mediático, terminan con un final inesperado en Avellaneda, la causa por las denuncias de abusos y prostitución que involucraban a personalidades relevantes y al propio Club Independiente, una vez que bajó el interés mediático, terminó con la mejora de la situación procesal de los principales responsables, los que a pesar de todo, recuperaron su libertad.
Ahora el “Circo Mediático” impulsado por el propio gobierno tiene como protagonistas a la familia Moyano y la investigación que se desprende de los dichos de un delincuente que más de una vez se ha burlado de la justicia y la sociedad, el cobarde y conocido “Bebote” Álvarez, un delincuente sin códigos que no dudó en “mandar en cana” a quien sea, con tal de mejorar su situación procesal y condiciones de detención, sí ese que cuando hablaba sobre su rol de jefe de la barra parecía que se la bancaba, terminó siendo una “gatito mojado” y funcional a los manejos políticos.
La misma justicia que no escucha a los denunciantes serios, parece estar muy atenta a dar credibilidad a los dichos de un delincuente que públicamente se ha burlado de todos, máscara incluída.
Carzoglio es un Juez por demás polémico en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora y uno de los más apegados a la política local, su paso por la militancia peronista y sus cargos como empleado municipal, hacen de este hombre del derecho, ese tipo del que todos tienen una anécdota que no siempre es la más adecuada a su actual embestidura.
No es un secreto que Luis Carzoglio dió un gran salto personal y profesional al pasar de una dirección municipal a ocupar uno de los dos cargos de Juez de Garantías en Avellaneda, con la creación del Polo Judicial, justamente por estos días se celebran los 10 años de la creación del edificio que nuclea la justicia local, todo, el edificio y la mayoría de sus miembros fueron propuestos por el ex intendente Baldomero Cacho Álvarez, responsable en gran medida del funcionamiento actual de la justicia, pero del que todos se olvidan.
Hoy, “Cacho” se encuentra como un importante aliado de CAMBIEMOS en Avellaneda, con un partido nuevo llamado FE, un invento del fallecido Momo Venegas que con menos recursos pudo sobrevivir y mantenerse por la asistencia de los que desde el PRO intentan hacer pie en Avellaneda.
Esa proximidad entre Cacho y CAMBIEMOS, hace que hoy Carzoglio tenga motivos para excusarse de entender en la causa que tiene investigados a los Moyano, idea que se refuerza por el hecho de que Carzoglio hace pocos días atrás, fuera entrevistado por el “operador” del PRO Marcelo Brunwald, un militante que juega al periodismo desde un blog gratuito, que curiosamente recibe varias pautas oficiales, aunque dicha actividad no se refleja en la AFIP y este personaje realiza actividades incompatibles de las que en algún momento deberá rendir cuentas.
La entrevista del mercenario al cuestionado Juez, fue tan amable que ya generaba sospechas, pero ahora conocida la intención de un sector del gobierno nacional de presionar sobre la justicia de Lomas de Zamora, comienza a tener fuerza y sentido.
La impresentable abogada Florencia Arietto, una mujer que tiene un pasado que difiere 180° de lo que hoy pregona, cuestionaba la actuación de Carzoglio en la causa sobre las denuncias en el Club Independiente y pedía que se aparte de la causa, ahora reciclada como asesora de la ministro Patricia Bullrich, ha cambiado su posición y por el contrario apura una medida del Juez.
Por su origen político, por su designación, por su amistad con Cacho, por el lugar que hoy ocupa Cacho, su cercanía a CAMBIEMOS y los principales referentes, Silvio Luis Carzoglio debería excusarse de adoptar alguna medida judicial, es lo único correcto, es la posiblidad de que Carzoglio que suele mostrar interés en la verdad e ir al Obispado haga algo coherente, que sea un hombre de bien y actué sin priorizar su beneficio.
Nadie duda que los Moyano, deben ser investigados, como muchos otros sindicalistas, políticos y empresarios donde Hugo Moyano encontró importantes socios, muchos que ni se animan a mencionar los medios, le hace muy mal a la República que se utilice la justicia como un medio de presión por parte de la política.
También debería ser objeto de un control por parte del Poder Legislativo el proceder del Procurador General de la provincia de Buenos Aires que se ha expuesto sin fundamentos más de lo correcto en la causa de los abusos y ahora en este desprendimiento que sigue teniendo como génesis el Club Atlético Independiente.
No es la primera vez que el Juez Carzoglio se acomoda al poder de turno, por septiembre del 2011, el mediático Claudio Izaguirre, denunciaba en los medios a Carzoglio de “proteger a los vendedores de drogas” en una clara señal de agradar a funcionarios como Diana Conti, Aníbal Fernández, Victoria Donda y Horacio Verbitsky, incluso el Juez tuvo un salto mediático al ser denunciado por la Fiscal Bonafine, que luego de años de ostracismo regreso a ser fiscal en el nuevo Polo Judicial de Lanús, el incidente entre el Juez y la Fiscal fue un escándalo judicial sin precedentes que involucraba drogas y a efectivos de la policía.
A pesar de contar con varios juicios políticos en su contra, Carzoglio goza de buena salud, pero esta situación particular lo que hace aún más vulnerable, ya que quienes deben decidir sobre la continuidad o no del Juez tienen pertenencia y peso político.
Con este panorama, siendo un hombre activo dentro del derecho, no puedo menos que advertir que existen cuestiones fácticas que ameritan la excusación del Juez Carzoglio de seguir entendiendo en la causa, mucho más de adoptar alguna medida judicial al respecto que seguramente será cuestionada por la defensa del acusado, pero que sin dudas afecta el principio de un proceso justo.
Esta causa ya ha dado suficientes muestras de cruces políticos y mediáticos entre distintos miembros del Poder Judicial, con fuertes declaraciones que llevan sombras sobre otros magistrados como las palabras del Juez de la Casación Bonaerense Víctor Violini que dijo “Yo lo dije en una oportunidad, y se lo vuelvo a repetir a Conte Grand, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no es Comodoro Py”, disparó el magistrado sobre supuestas operaciones del procurador en causas “sensibles”.
Las intromiciones de funcionarios ajenos a la actividad judicial como es el caso de las presentaciones efectuadas al Poder Judicial de Lomas de Zamora por parte del binomio Bullrich-Arietto, afectan la independencia de poderes y merecen una sanción si queremos vivir en un país ordenado y con un cambio.
Los operadores judiciales no hacen más que afectar justamente la administración de justicia, con esto insisto no se está haciendo una defensa del clan Moyano, sino del acceso a la justicia que todos los ciudadanos tenemos garantizados, así como el debido proceso reconocido por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.
El señor presidente de la Nación Mauricio Macri debe de una vez por todas ejercer su autoridad sobre sus ministros, evitar alentar la intromisión de operadores y los medios para direccionar causas, tiene sí todos los instrumentos legales y el personal para acompañar los procesos judiciales, incluso para presentarse como querellantes si es que corresponde, pero desde una actividad legal y no desde las sombras.
Convalidar procesos de cualquier forma, es rifar el futuro jurídico de todos, es atentar contra el Estado de Derecho, implica un grave retroceso político y fomentar una sociedad más desigual.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
