La iniciativa, impulsada por el bloque de diputados del Frente de Todos y en cuya redacción participó activamente la Secretaria de Derechos Humanos, busca generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional en todo el país, además de brindar acompañamiento y reparación a las víctimas.
El acto, que se desarrolló por videoconferencia, contó con la participación del secretario Horacio Pietragalla Corti, junto a legisladores, referentes de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y distintas organizaciones de la sociedad civil.
En la apertura del encuentro, la diputada Paula Penacca brindó una síntesis sobre los ejes centrales del proyecto. «Creemos que esta ley es en beneficio del conjunto y no es en contra de nadie. Es un mensaje claro que tenemos que dar para saldar alguna vez esta deuda que tiene nuestra democracia», señaló.
«Esta iniciativa tiene que ver con que las reglas estén claras para los miembros de las fuerzas de seguridad, que muchas veces son quienes terminan asumiendo la responsabilidad por decisiones políticas de quienes los conducen», sostuvo la legisladora y aclaró que el proyecto iniciará el trámite parlamentario en la Cámara Baja «donde se van a generar instancias de participación en los debates de comisiones para que podamos escuchar y sumar los aportes de todos».
El secretario Horacio Pietragalla Corti celebró la presentación del proyecto: «Uno de los pilares de nuestra gestión en la Secretaría de Derechos Humanos es la lucha contra la violencia institucional, por eso entendemos que esta ley viene a respaldar una política de Estado, viene a dar herramientas de gestión que perduren más allá de los direccionamientos políticos, para construir los cimientos de una democracia que tiene que ser cada vez más plena». Además, detalló que la Secretaría colaboró en la elaboración del proyecto a partir de las experiencias negativas que tuvo nuestro país con condenas por parte de organismos internacionales por violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado argentino en manos de sus fuerzas de seguridad.
En este sentido, afirmó que «tener leyes contra la violencia institucional es también fortalecer a las instituciones policiales, para cortar con una historia de impunidad y construir una visión distinta con las fuerzas de seguridad en democracia».
El funcionario también puso de relieve la reparación a las víctimas y la obligación del Estado de acompañarlas como uno de los aspectos centrales del proyecto, y expresó su deseo de que «se logre su aprobación en breve y que la oposición esté a la altura de las circunstancias para poder trabajar en conjunto».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, manifestó estar «orgulloso de ser parte de esta iniciativa que aborda una problemática difícil que todas las fuerzas políticas tenemos la obligación de debatir». El diputado reconoció que no esperan que «la ley sea una solución milagrosa, pero sí un aporte que va a significar poder avanzar en temas que muchas veces queden fuera de los debates urgentes, pero que son primordiales».
Durante su intervención, el diputado Leonardo Grosso manifestó :»nunca hubiésemos querido estar acá para hacer una ley para ordenar un problema que existe, como la violencia institucional». Y agregó «saludo esta iniciativa y creo que es una noticia promisoria para todos y todas los que venimos luchando desde hace tiempo para terminar con este flagelo. Para nosotros no es una bandera coyuntural, es un problema concreto que se lleva la vida de miles de argentinos desde hace mucho tiempo».
Entre sus aspectos más destacados, el Proyecto de Ley contra la Violencia Institucional contempla la creación de un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad, en el que tendrá un especial protagonismo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Otro de los ejes está relacionado con la asistencia y reparación a las víctimas. En este sentido, se establece la creación de centros de recepción de denuncias con el objetivo de aportar a la claridad y transparencia del proceso. Asimismo, se prevé la creación de un registro que estará a cargo de la Secretaría, de manera de poder generar información estadística útil que permita elaborar diagnósticos claros y avanzar en la toma de decisiones.
La norma también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales. Y, además, define un protocolo para resguardar a las personas que participen de manifestaciones en la vía pública.
En la presentación también estuvieron presentes el ex juez Raúl Zaffaroni y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humano, María Laura Garrigós.
