La Secretaría de Comercio detectó incumplimientos de parte de laboratorios y anunció multas de hasta un millón de pesos

medicamentosLa Secretaría de Comercio constató durante las últimas horas una serie de incumplimientos por parte de laboratorios y farmacias en la implementación de la resolución 90, que ordenaba retrotraer los precios de los medicamentos, por lo que «se avanzará en sanciones, que prevén multas de hasta un millón de pesos».

La Secretaría de Comercio constató durante las últimas horas una serie de incumplimientos por parte de laboratorios y farmacias en la implementación de la resolución 90, que ordena retrotraer los precios de los medicamentos, por lo que avanzará en la aplicación de multas de hasta un millón de pesos.

Así lo confirmaron esta noche voceros de la Secretaría, al cabo del relevamiento ordenado por el titular del área, Augusto Costa, que arrojó como resultado la «constatación de incumplientos» a la resolución en farmacias, drogerías y laboratorios de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner también se metió de lleno en el tema esta tarde, al sostener -a través de la red social Twitter- que laboratorios aumentos los precios de los medicamentos de manera unilateral y que de esta forma violaron  el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Comercio.

Durante la víspera, el gobierno nacional ordenó a los laboratorios retrotraer los precios a los valores vigentes al 7 de mayo pasado.

Cristina se preguntó si este aumento significaba «libre competencia o maniobra formadora de precios (cartelización)?» debido a que «entre el 13 y el 26 de mayo, 39 de los 45 laboratorios más importantes del país registraron aumentos similares y simultáneos».

En horas de la mañana, en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, adelantó que se «se aplicarán todas las sanciones» que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaría de Comercio.

En la resolución 90/2014, publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio dispuso retrotraer los precios de venta de todos los medicamentos a los valores vigentes al día 7 de mayo de 2014, y determinó su mantenimiento durante un período de 60 días corridos.

La medida dispone que los laboratorios deben presentar en un máximo de diez días hábiles un informe detallado de los precios de todos sus productos, desde el 1 de abril pasado hasta la fecha.

Al salir a opinar sobre el tema, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos dijo hoy que «es una medida acertada en tanto los laboratorios no habían cumplido con el acuerdo previo, hecho de palabra en marzo último para retrotraer los precios a diciembre de 2013».

«Los laboratorios son muy poderosos, están acostumbrados a hacer lo que quieren. Por eso tienen que hacer instrumentos resolutivos, porque después se cartelizan a la hora de aumentar los precios», denunció el titular del sindicato, Marcelo Peretta.

Por su parte, el titular de la asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la Argentina, Carlos Villagra, dijo que los laboratorios de medicamentos «no tienen compasión» y que al momento de establecer aumentos «siempre tienen argumentos».

Ayer, a la par de la resolución, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dispuso remitir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) los antecedentes de la norma para que proceda a investigar si esas subas «podrían configurar una práctica restrictiva y/o distorsiva de la competencia».

Kicillof instruyó además a la Secretaría de Comercio para que eleve un informe de situación al Palacio de Hacienda en un plazo de 60 días, y la facultó a requerir al sector farmacéutico toda la información necesaria, lo cual ya fue notificado a las compañías que elevaron los precios.

Por su parte, las tres cámaras que agrupan a los principales laboratorios del país anunciaron la decisión de «recurrir» la medida ante la justicia.

«Estas medidas, además de sorpresivas, arbitrarias e ilegales, esconden las verdaderas raíces del problema, que ciertamente no residen en la industria farmacéutica. Las actuales circunstancias nos obligan a recurrir ante la Justicia para defender nuestros derechos, las fuentes de trabajo y el sistema de salud», dijeron en un comunicado conjunto CAEME, COOPERALA y CILFA, las principales cámaras del sector.

La norma publicada ayer recuerda además que rige la ley 25.649, que promueve la utilización de medicamentos genéricos, y establece que el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tiene la obligación de sustituir la receta o prescripción médica por una especialidad medicinal de menor precio, que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades.

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