«Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) —organismo que controla a los funcionarios ante movimientos espurios, estafas o enriquecimiento ilícito— exige explicaciones a Luis Caputo por «US$ 200 millones de un crédito para subsidios energéticos en 2024″. Se sospecha que el dinero terminó en cuentas en el exterior o paraísos fiscales».

La polémica crece porque «Caputo niega saber el destino de ese dinero que iba para subsidios en energía», sumándose a las «sospechas por corrupción que salpican a Manuel Adorni y otros miembros del régimen libertario. Su falta de respuestas genera total desconfianza sobre el manejo de las divisas que estaban bajo su directa responsabilidad institucional.»

Ante esto, la AGN se pregunta: «¿A dónde fue ese dinero que se encontraba en manos del ministro y cómo lo rentabilizó?». La investigación sobre este faltante busca determinar las responsabilidades penales de una maniobra que vuelve a poner bajo la lupa la transparencia del gobierno.

La AGN subrayó la desprolijidad y la falta de control en el manejo de la suma mencionada, a partir de que, por medio de una nota emitida el 2 de diciembre de 2024, el BIRF dio por cumplidas las condiciones de entrada en vigencia del contrato de préstamo y el pago directo realizado el 11 de diciembre de 2024. Los 200 millones de dólares ingresaron en la Tesorería General de la Nación. Acá aparecen los interrogantes, ya que, según la AGN, “se señala que al cierre del ejercicio auditado aún no se contaba con la siguiente documentación relativa a la operación del Programa:Manual Operativo (MOP con no objeción del BIRF); POA y Plan de Adquisiciones con no Objeción del BIRF y cuentas bancarias abiertas con sus firmantes autorizados para su manejo”.

La Auditoría fue, incluso, más allá: “Falta de documentación donde consten los criterios usados en el proceso realizado para justificar el desembolso de USD 200 millones, y se tomara una extracción del sistema SGUER, por el periodo diciembre 2023 a julio 2024 (según fecha de emisión de factura) por Distribuidora EDENOR S.A. y EDESUR S.A. para los usuarios identificados como N2, y si cuenta con no objeción del BIRF”.

El Ministerio de Economía intentó responder deslindando responsabilidad en los privados, y señalando que “las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que fueron seleccionadas, contaban con la información consolidada y estaba disponible al momento de la presentación”. Como la explicación no satisfizo a la AGN, dejaron fija la recomendación: “Incorporar a cada solicitud de desembolso la totalidad del sustento documental de la justificación del mismo”.

En otro de los cuestionamientos a la hora de implementar el proyecto, la AGN indicó que falta “ una efectiva interacción entre la Secretaría de Energía (representada por la Dirección de Información Energética -DIE-) y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIyC), en relación a la administración del sistema RASE”. El RASE no es ni más ni menos que el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía. A lo que añaden la “inexistencia de un Ambiente de Desarrollo y Mantenimiento de las tareas informáticas que realiza la Dirección de Información Energética, vinculadas con el sistema RASE”.

INFORME COMPLETO