A las criticas y sospechas de encubrimiento por parte de la OA a los funcionarios nacionales, en un nivel pocas veces visto, donde el caso de Manuel Adorni evidenció la impunidad con la que se pueden manejar funcionarios jerárquicos y la injerencia del presidente sobre el funcionamiento de la misma como en el caso $LIBRA donde el propio Javier Milei involucrado en la estafa dio ordenes sobre como conducir la investigación administrativa.
La Oficina Anticorrupción volvió a extender el plazo para que los funcionarios nacionales presenten sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al ejercicio 2025.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo fijó como nueva fecha límite el 31 de agosto de 2026. Según explicó, la decisión responde a la prórroga otorgada por ARCA para la presentación de las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales, documentación necesaria para confeccionar los informes patrimoniales.
La presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales se encuentra regulada por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188) y su modificatoria (Ley 26.857). Estas normativas obligan a los funcionarios de distintos rangos y escalafones a presentar una Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) que detalla sus bienes, ingresos, créditos y deudas, así como los de su cónyuge e hijos.
Incumplimiento manifiesto de la OA
La Oficina Anticorrupción es el organismo del Poder Ejecutivo encargado de controlar y fiscalizar estas presentaciones. Además de la inhabilitación, los entes estatales pueden iniciar investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito si se detectan incrementos patrimoniales injustificados durante el cruce de datos.
La teoría que deriva de la Ley de ética en el Ejercicio de la Función Pública al delegar el control y la fiscalización en los funcionarios de la OA, con los años ha quedado en evidencia el preocupante deterioro institucional donde distintos funcionarios presentaron declaraciones juradas con datos irreales sin problema alguno o bien no las presentaron dentro de los extensos plazos.
El supuesto cruzamiento de datos es otra mentira ya que son muchos los funcionarios que llevan un nivel de vida y gastos incompatibles con los bienes declarados, el mejor ejemplo es la situación general de los actuales funcionarios contando al propio presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei.
Actualmente la OA está a cargo de la Dra. Gabriela Zangaro, cargo en el que fue designada mediante el Decreto 194/2026 por el presidente Javier Milei. Paralelamente, cuenta con una extensa trayectoria en el Poder Judicial, desempeñándose desde 2003 como jueza de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos, es decir no es una improvisada respecto al derecho.
Llega al gobierno nacional propuesta por el Ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, contando con relaciones políticas y judiciales que la apuntan al operador judicial del PRO Daniel Angelici, la pata fuerte en la justicia de Mauricio Macri.
