El caso de una mujer acusada de prostituir a sus hijas destapó la inacción de la Justicia en la asitencia a los menores. Grave denuncia de la Asesora Tutelar Laura Musa.
Un derruido conventillo en la Boca. Escaleras y pasillos estrechos, cuartos pequeños. Retumba la voz televisiva de Tinelli en su Bailando por un sueño. Entre tanto ruido televisivo, vuelve el estremecedor quejido de unas niñas. Quieren la vida de sus amiguitos: mirar televisión antes de acostarse y levantarse para correr al colegio.
Las chicas salen sollozando. Llevan unos vestidos blancos, relucen como si todos las lámparas del conventillo se dieran vuelta para enfocarlas. Su madre, detrás. Afuera, un auto de vidrios polarizados las espera. Los vecinos no saben el destino de las nenas. Sólo que al volver tienen lo labios morados. Y la piel pálida. Parecen muertas en vida. Sus amiguitos se van a la escuela y ellas entran a descansar de una noche interminable y atroz.
La explotación sexual de estas menores entregadas por su madre fue denunciada por la Asesoría Tutelar General ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (UFI-Integridad Sexual). Esta fiscalía, nacida en 2005, tiene la potestad de realizar investigaciones preliminares y presentar las denuncias penales.
La UFI-SEX, a cargo de Aldo de la Fuente, radicó la denuncia penal y la causa recayó en el Juzgado Criminal de Instrucción 40, Secretaría 139, de Mariano Iturralde. “Se produjo un allanamiento en diciembre pero fue un show. Entraron con la policía a fuego y espada como si los chicos fueran delincuentes”, afirmó a Noticias Urbanas la titular de la Asesoría Tutelar General, Laura Musa.
“Slip Sotelo, Karina sobre prostitución agravada” se titula la causa por la que la presunta entregadora, la madre, fue sobreseída. Finalmente, a fines de febrero, la causa fue archivada por el juzgado de Javier Reyna de Allende, sin que la UFI-SEX interpusiera queja alguna o aportara nueva prueba de una situación, que, según los vecinos del conventillo, “empeoró”. Además, afirman: “Hace una semana vino una vecina a decir que siguen los gritos de las nenas”.
Las pruebas de los peritos y los testimonios de las víctimas son contundentes. “Mi mamá se lleva a mis hermanas a prostituirse y abusa de mí”, declaró uno de los hermanos de las víctimas, de 14 años. Este lapidario testimonio figura en la causa civil por la asistencia a los chicos que se tramita hace tres años “sin ningún avance”, según afirman en la Asesoría Tutelar de Menores. Lo mismo expresaron ante las nuevas autoridades del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que depende de Beatriz “Yiya” Orlowski, la esposa del diputado nacional Eduardo Amadeo.
La madre acusada de ser entregadora, Karina Slip Sotelo, tiene siete hijos. Las nenas entre 8 y 12 años, según la denuncia, son las que están en oferta para la explotación sexual, mientras que uno de sus hijos vive con una vecina y su hija más grande, de 17 años, ya tiene dos hijos. “Esto amplió el grupo en riesgo, por eso solicitamos a la Justicia civil que intervenga”, sostuvo una integrante de la Asesoría Tutelar con sede en la Boca.
“Frestas, Maira y otros sobre control de legalidad” es la causa que se inició en el Juzgado Civil Nº 7. A los 16 años, la hija más grande de Slip Sotelo llegó a su hijo al hospital, con un cuadro de desnutrición. Desde entonces se inició en lo civil la causa Nº 44.161/08. A los chicos los patrocina el defensor de Nación, Marcelo Calabrese. A raíz de esta denuncia, se supo que a la situación de desnutrición se sumaba la de explotación sexual comercial infantil, como definen los expertos.
La caja de la Federal
Laura Musa recibió a NU en su despacho de la calle Alsina, a metros de Callao. “La prostitución de menores es delito siempre, y la realidad demuestra que este delito es una caja de la Policía Federal porque nunca se reprime. La Federal puede llegar a realizar procedimientos que son una mera ilusión óptica. Por ejemplo, en Amancio Alcorta, a veces, aparece un patrullero. Está ahí unas horas como diciendo ‘hoy, muchachos, las chicas no están disponibles’. Cuidan el negocio, no lo reprimen”, dice Musa.
Desde su lugar en el Poder Judicial porteño, la Asesoría Tutelar debe velar por los derechos de los menores y monitorear las áreas del Ejecutivo. “Existen los convenios por los derechos de los niños pero no se cumplen. Se celebran una vez al año, en televisión aparece Unicef con Julián Weich, pero acá no tenemos identificados a los responsables de la explotación comercial de menores tanto en la calle como en prostíbulos. La política y la Justicia fracasaron en la prevención y persecución de este delito atroz”, asevera Musa, que descentralizó la asesoría llevándola a la Boca (Almirante Brown 1250) y a Villa Soldati (Varela 3301/09).
La funcionaria judicial contó que intentó acciones conjuntas con otros funcionarios: “No fue posible. La UFI-SEX, que fue creada por el Congreso, no tiene investigaciones serias; sólo te muestran estadísticas, y ni la Secretaría de Niñez de la Nación ni la Brigada de Eva Giberti han podido restituir los derechos de los niños. Esto se ve yendo a los alrededores de la cancha de Huracán”.
Para la funcionaria, los poderes político y judicial de la Nación y la Ciudad no avanzan sobre el tema “porque le temen a la venganza de la Federal”. Y afirma que hay una abdicación en la restitución de derechos: “No denuncian proxenetas penalmente, ni asisten a las víctimas. Fíjate que en el conventillo de la Boca intervinieron todas las áreas: UFI-Sex, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, un juzgado penal y civil. Son tantos, que las responsabilidades se diluyen. Muchos programas y áreas para nada”.
Por Lucas Schaerer Fuente: Noticias Urbanas
