La justicia de EE.UU. falló contra el Estado argentino en el caso YPF

Por YPF, Argentina podría tener que pagar indemnizaciones de hasta US$20.000 millones.

Tras un largo proceso que llevó más de siete años en el tribunal del Distrito Sur de Manhattan, la jueza Loretta Preska dictó sentencia favorable para la petrolera, aunque Argentina, deberá seguir la controversia en los tribunales norteamericanos contra el fondo Burford Capital, que compró el derecho a litigar a empresas privadas, derechos que fueron reconocidos por el tribunal.

La jueza Preska planteó que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Presta dijo además que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.

El fallo se basa en que el gobierno de Cristina Kirchner, cuando decidió expropiar el 51% de la petrolera en 2012 cuando Axel Kicillof era ministro de Economía, no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones. En 2014, la Argentina le pagó a la petrolera española Repsol una indemnización de US$ 5.000 millones por la estatización.

Según el cálculo de los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre US$8.500 millones y US$ 20.000 millones. La cifra final será determinada por la jueza.

La demanda contra YPF y el Estado argentino comenzó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y está a cargo de la jueza Preska, heredera de los casos del fallecido Thomas Griesa.

Fallo contra Argentina por YPF: la lectura del Gobierno

Minutos después de que trascendiera la noticia, fuentes cercanas a la Casa Rosada plantearon que se trata de un “fallo positivo” para YPF, ya que “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional”, por lo que “sus activos están fuera de riesgo”.

Destacaron, además, que en la resolución “no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes”. Si bien la Argentina tiene ahora dos instancias más para apelar el fallo adverso, igualmente deberá pagar una garantía.

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