En una curiosa publicación, el Ministerio Público Fiscal de CABA, vuelve a quedar en evidencia respecto a una dudosa interpretación de la Ley y más aún el cumplimiento efectivo de un Agente Fiscal en representar los intereses de los ciudadanos, tal y como lo expresa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El caso en cuestión es el siguiente y copio el comunicado textual:

14 AÑOS DE PRISIÓN PARA UN ABUSADOR DE MENORES

El imputado trabajaba la Cruz Roja Argentina y está detenido con prisión preventiva desde marzo de este año.

La fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), acordó con la defensa la pena de 14 años de prisión para un hombre de 61 años acusado de haber producido, distribuido y tener en su poder material de abuso sexual infantil, y también de haber abusado sexualmente de sus dos sobrinos, cuando tenían entre 5 y 12 años de edad.

El acuerdo fue realizado a través de un juicio abreviado donde el imputado reconoció los hechos y ya se encuentra en poder de la Dra. Natalia Ohman, titular del Juzgado de garantías PCyF 17, para su correspondiente y eventual homologación.

La investigación se inició en 2019 a partir de dos reportes remitidos por el National Center for Missing and Exploited Childrens al Ministerio Público Fiscal de la CABA, que alertaban sobre dos usuarios de la plataforma Skype que compartían imágenes de menores en situaciones sexuales explícitas.

A partir de esos datos, la UFEDyCI realizó varias acciones para identificar al autor de los hechos y solicitó el allanamiento a su domicilio, en el que se secuestró material con contenido de abuso sexual infantil.

Así, se pudo establecer que el imputado no solo había distribuido imágenes de menores por Skype sino que también había facilitado una gran cantidad de archivos de explotación sexual infantil a través de la red eMule, y que en el interior de sus dispositivos almacenaba un total de 264.086 archivos de la misma naturaleza.

También se pudo comprobar, a partir del análisis de los dispositivos y archivos encontrados en el allanamiento, que el hombre abusó sexualmente de sus dos sobrinos menores de edad, durante varios años y en distintos lugares.

El propio comunicado es una prueba contundente de la falta de criterio y congruencia de la Fiscal Daniela Dupuy, ya que se acreditó la posesión de 264.086 archivos de pornografía infantil, el intercambio en redes sociales y plataformas de intercambio de archivos, lo que demuestra actividad, acción y voluntad del pervertido, reiterada y diaria durante años. Más aún, por medio de los archivos se pudo determinar que el imputado abusó sexualmente (violó) a sus propios sobrinos por años, cuando estos tenían entre 5 y 12 años.

Resulta inadmisible no pronunciarse contra una medida judicial que pone sobre los más vulnerables, los niños un tiempo X de riesgo, porque se sabe no cumplirá los 14 años acordados con la defensa sino que en 10 o menos años este depredador volverá a estar entre nosotros, asechando porque se supone mejor que nadie la Fiscal Dupuy sabe que esta gente es irrecuperable.

Se llegó a su detención por una denuncia de una ONG internacional, los cuales estimo deben estar igual de sorprendidos por el beneficio que se le otorgo al delincuente ya que lo lógico sería que la Jueza Natalia Ohman descarte homologar semejante injusticia, pero como los grandes medios no dijeron NADA, se descarta que este irrecuperable delincuente sexual volverá a ser noticia, que seguirá arruinando vidas y que dos menores abusados su padecimientos solo son castigados con 7 años por cada uno.

Repudio este acuerdo, exhorto a la Fiscal Dupuy, a sus superiores y los jueces a ser profesionales y cumplir los dos requisitos básicos de los magistrados, coherencia y congruencia.

La Fiscal es promocionada por la Universidad de Palermo en la Maestría de Derecho donde la destacan como autora de los libros de Cibercrimen I y II, con otro ejemplar en camino, con lo cual descarto, sabe mejor que muchos que los 14 años acordados por los delitos probados y la cantidad de archivos que poseía el delincuente son un chiste, de hecho la sola posesión de material sexual de menores en los EEUU tiene penas que van de los 15 a los 30 años, que se agravan si los archivos que se comparten salen del territorio de residencia del delincuente sexual.

Sería muy sano si se brindara a la población un comunicado que explique los motivos por los cuales este acuerdo es lo mejor para la sociedad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw