Tras un encuentro con la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y de la Ciudad, Guillermo Montenegro, se dispuso que la fuerza porteña se ocupará de los desalojos, mientras que la Policía Federal o la Gendarmería se encargará de los cercos.
Mediante la mediación de la Corte Suprema, el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires acordaron hacer cumplir la orden judicial de desalojo de un barrio intrusado en el Bajo Flores.
En ese sentido el máximo tribunal ordenó que «se fijará un plazo de horas a fin de que los ocupantes manifiesten su voluntad de desocupar el lugar, y si hay negativa, serán trasladados obligatoriamente».
Para ello,«actuará la Policía Metropolitana apoyando la actividad de mediación , y efectuando los traslados contemplados en el párrafo final del punto precedente, en el caso de negativa o vencimiento de plazo».
En tanto, el Estado Nacional, «a través de una fuerza que designe (Policía Federal o Gendarmería) se hará cargo de establecer un cerco que impida otras ocupaciones y evite agresiones a los mediadores».
El barrio, ubicado en Castañares y Riestra y que estaba destinado a personas que viven en las márgenes del Riachuelo, será desalojado luego de un censo de ocupantes a los que se dará atención sanitaria y reubicación en dependencias dispuestas por el gobierno de la Ciudad.
