La solicitud fue presentada a la Corte Internacional de Justicia antes de la escalada actual. De esta manera, buscan generar marcos jurídicos para este tipo de situaciones.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinará una opinión jurídica no vinculante sobre “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este”. En las audiencias públicas se escucharán los testimonios del Estado de Palestina y de 50 países más, entre ellos Países Bajos, Sudáfrica, España, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Rusia, que manifestaron su intención de participar en el procedimiento oral ante este organismo.
El tribunal, ubicado en el Palacio de la Paz en La Haya, tiene programados seis días de audiencias que comienzan el lunes 19 de febrero. Además de las naciones, darán su testimonio tres organizaciones internacionales: la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización para la Cooperación Islámica.
La CIJ examina solo las circunstancias de la ocupación, porque que el pedido de realizar este proceso jurídico llegó antes de la actual escalada de la violencia en la región, desatada el 7 de octubre de 2023, cuando milicias del grupo islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, entraron en Israel y mataron a 1.200 personas y tomando como rehenes a otras 240.
En respuesta, Israel lanzó una dura respuesta militar, que terminó con la vida de más de 28.000 civiles y destruyó al enclave palestino, con 1,9 millones de desplazados en un territorio habitado por 2,1 millones de personas.
En diciembre de 2022 la Asamblea General de la ONU solicitó a la CIJ una opinión consultiva basada en las reglas y principios de, entre otros, la Carta de la ONU, el derecho internacional humanitario, el de derechos humanos y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En este marco, Un total de 87 países apoyaron esta petición a la CIJ, mientras que otros 26 Estados, incluidos Israel y Estados Unidos, votaron en contra.
“¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, carácter y estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias relacionadas?”, consultó la Asamblea.
Además, preguntó: “¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel (…) al estatus jurídico de la ocupación, y cuáles son las consecuencias legales que se derivan de ese estatus para todos los Estados y las Naciones Unidas?”.
Los 193 países reconocidos por la ONU, y Palestina -que tiene estatus solo de “Estado observador”- presentaron información y argumentos propios sobre este caso hasta el 25 de julio de 2023. La CIJ recibió en ese plazo de tiempo 57 escritos, según indicó.
La dura situación en Cisjordania desde la Guerra de los Seis Días de 1967
Israel conquistó Cisjordania y Jerusalén Este durante la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde ese momento, mantiene una ocupación militar sobre este territorio palestino.
Los palestinos defienden su derecho a la libre autodeterminación, independencia y el retorno de sus refugiados, mientras aumentan los asentamientos de israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional. Estas ocupaciones van acompañadas de agresiones y hostigamientos a las poblaciones palestinas locales, provocando su desplazamiento. Muchos de estos actos coexisten con el acoso constante del Ejército israelí en la zona.
La última vez que el tribunal emitió una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí fue en 2004, cuando la Asamblea General le solicitó que se pronunciara sobre la legalidad del muro de separación que construyó el Estado de Israel.
La CIJ consideró en ese momento que la construcción del muro y su régimen asociado eran “contrarios” al derecho internacional y “obstaculizan la libertad de circulación de los habitantes del territorio (…), así como el ejercicio de su derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado”.
Además, pidió “poner fin de inmediato a la violación de sus obligaciones internacionales” y respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, y exigió a todos los Estados miembros a “no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada”.
