“Quiero ayudar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Tengo pruebas que involucran a comisarios y a jueces de formar parte de un aparato de corrupción y proteger a delincuentes”, con esta fuerte frase comenzó a expresarse ante el Diario Crónica, la abogada Adriana Marcela Poledo, quien se presenta como letrada de la querella de la causa en la que, en marzo de 2011, un juguetero fue asesinado a sangre fría.

“Tengo sospechas fundadas con pruebas que surgen de la causa y que me llevan a confirmar esas sospechas de que existe una asociación de corrupción en convivencia de la Policía Federal con el Juzgado del Tribunal Oral Nº 9, en las que están notablemente involucrados el Comisario Roberto Jeremías, de la comisaría 37ª, y otros comisarios de otras seccionales, y jueces en los que podrían estar involucrados los del TOC 9, ya que de este juzgado un individuo salió dos veces sin resolución”, comenzó su declaración la mujer.

Poledo presentó un compendio de pruebas. “De los dos delincuentes, uno estuvo prófugo y es avalado por la Policía Federal y de hecho tiene una revocación de cámara por una excarcelación y quedó demostrado que se le ‘limpiaron varias causas’, afirma la abogada y agregó que ‘el comisario Roberto Jeremías, ante mis primeras acusaciones, me respondía que desconocía el hecho, ya que era nuevo en la seccional, pero este hombre no tuvo en cuenta que yo conozco su relación con los delincuentes’”.

“Cuando recibo el expediente, en el prontuario observo que en el año 2010 el asesino del juguetero estuvo detenido en su comisaría y fue liberado por una tentativa mal calificada. Esto fue firmado por una Jueza que casualmente tenía el mismo apellido que el delincuente”. En función de la denuncia penal contra el comisario, en asuntos internos le dieron curso al Juzgado Nº 6, este juzgado se declara incompetente, y desemboca todo en el Juzgado Nº 2.

“El último día hábil previo a la feria judicial me llaman de una fiscalía por esta causa, para que yo ratificara mi denuncia. La ratifiqué y la amplié. Curiosamente, el primer día hábil posterior a la feria se considera que no hubo pruebas suficientes para continuar con la investigación. Dada esta circunstancia, yo presenté todas las pruebas en el juzgado de Ernesto Raúl Botto. El y Rappa fueron brillantes. Ambos dictaron auto de procesamiento, Rappa, del Juzgado 35 para Gonzalo Acevedo, y luego Botto, del Juzgado 25, para Acosta”.

Franco Ortiz Acosta y Gonzalo Acevedo fueron quienes terminaron con la vida del juguetero. Por sorteo, el TOC 9 estaba a cargo de Acosta, mientras Acevedo seguía prófugo. Haciendo uso de su facultad, Botto aparta al comisario Jeremías de la investigación y Acosta es capturado en menos de 48 horas.

Acosta, desde que fue detenido hasta ahora, cambió dos indagatorias. Del juzgado oral afirmaron que “no ha lugar, no es suficiente” y desestimaron las pruebas. A Partir de allí, desde el TOC 9 dejan sin efecto todas las pruebas que presentó esta mujer. “Al desestimarme las pruebas que tengo, llegaría sin herramientas al debate, por ende es casi inevitable que Acosta quede libre. Esto es corrupción pura”, denuncia públicamente.

La doctora se pregunta: “¿Por qué en el TOC 9 llevan pocas causas a su cargo y, habitualmente, dilatan los tiempos para que venzan las preventivas?”.El episodio ocurrió el 26 marzo de 2011. Allí, dos delincuentes ingresaron a la juguetería de Leonardo Fornes, y uno de ellos fusiló al comerciante de siete tiros.