En una de las habituales recorridas por el Polo Judicial de Avellaneda, encontré varias personas llorando en lo que es una especie de mesa de entradas de las Defensorías Penales locales, los motivos eran variados, pero algunos llamaban la atención por el planteo y las respuestas que recibían quienes dejando de lado tiempo y obligaciones van en procura de sus familiares.
Una joven mujer, preguntaba por la situación de su medio hermano, el cual se encuentra en una unidad en Madariaga, lo que hace difícil puedan visitarlo con continuidad, preguntaba por los pasos para formular un pedido de traslado y además informaba que muchos días no recibe comida por parte del SPB, lo que los preocupa como familiares. La respuesta del empleado de la defensoría fue que trate de ver si su hermano a pesar de todo esto está bien, porque algunas de las unidades de detención cercanas como puede ser algunas de Florencio Varela suelen producirse peleas entre los internos resultando algunos heridos o hasta muertos.
La mujer con sus ojos vidriosos prefirió ante el relato decir que iba a consultar con el resto de la familia y en todo caso preguntarle si podía comunicarse a su medio hermano qué hacer.
Enseguida vino a mi mente esa garantía constitucional de que las cárceles deben ser limpias y seguras, también que parte de las funciones de defensores, fiscales y jueces es visitar las unidades de detención para comprobar el estado edilicio, la limpieza, la población y el trato que reciben los internos algo que parece no se cumple como debería ser y mucho menos se informa sobre los resultados.
Los imputados que no cuentan con las posibilidades económicas de ser representados por un abogado particular, reciben además de un trato poco comprometido con las causas y sus sustanciaciones, una trato despectivo por parte de empleados de fiscalías y en algunos casos del juzgado en que se encuentre la causa. Muy distinto al que esos mismos empleados le brindan al abogado particular que concurre a interiorizarse y al que incluso reciben los funcionarios titulares para explicarles o charlar de la causa y la situación de su defendido.
En un Estado de Derecho, todo ciudadano tiene la garantía constitucional de poder ejercer una defensa justa y de que sus familiares en caso de estar detenido sean informados y recibidos si así lo desean para explicarles como al abogado particular la situación procesal.
No solo no se les brinda una atención cordial como si el familiar llevara implícita una responsabilidad por quien está imputado o condenado por un delito, sino que la poca información es tan inexacta que hasta suena ridícula, para que se entienda, un abogado particular suele concurrir a los tribunales por razones laborales y puede preguntar las veces que pase por una causa y su estado, pero parece que nadie ha capacitado a los empleados que carecen de sentido común, para que comprendan que muchos de esos familiares que van a preguntar, dejan horas y hasta solicitan permiso en sus trabajos para informarse y suelen retirarse desanimados con un «la causa no está», «la causa está a despacho», «el Juez no recibe a nadie sin previo pedido de audiencia», idem para los Fiscales.
Hoy también acompañé a una madre que quería saber la situación procesal de su hijo, en la defensoría solo le supieron decir que el Juez había rechazado la excarcelación, que se apeló, pero que no se sabía los fundamentos del rechazo, una condición que no se cumple habitualmente en la justicia es fundar las resoluciones, por comodidad los fundamentos suelen resumirse en la invocación de los artículos de rigor y no existe análisis de la cuestión, al pedido de la madre de tener alguna copia de la causa para saber qué hay en ella, en la defensoría se le hizo un escrito por derecho propio y se la derivó al cuerpo de instructores, donde una vez leído el pedido se la derivó a la fiscalía instructora (Nº4) donde le indicaron que la causa estaba en el Juzgado de Garantías Nº 9, y le recibieron el pedido con la advertencia de que podían pasar muchos días en que vuelva porque no depende de ellos, por lo que pasó por el juzgado para saber si la causa se encontraba allí y exhibió el pedido de copias, a lo que la empleada le respondió que la causa estaba a despacho y que podía pasar la semana que viene o la otra, es decir, 15 o 20 días para en teoría acceder a saber qué hay en la causa.
La conclusión es dura, quienes no pueden acceder a un abogado particular, deben armarse de paciencia, morderse los labios porque cualquier queja o reclamo es mal interpretado y lo que debería resolverse en 5 días puede demorarse tanto como la voluntad del funcionario en cuestión.
Parecería que los funcionarios, defensores, fiscales, jueces, instructores y secretarios, olvidaron los conceptos básicos del derecho, pero especialmente las garantías que la Constitución Nacional y las provinciales establecen en lo que se llama el debido proceso, es un disparate que funcionarios se hagan negar con requisitos de solicitud de audiencia, que luego no cumplen ya que siempre existe un imprevisto en el mundo judicial que los vuelve imprescindibles y cancelan la misma sin previo aviso, eso sí, los abogados particulares tienen los celulares, los radios y hasta conversan sin audiencia, sin agenda y sin demoras.
Alguna vez alguien me dijo que le parecía que todo estaba hecho para ser un comercio, que con los perejiles y la desesperación, hay quienes se empeñan para buscar un abogado particular y no pasar por la amansadora que es pedir información, porque los familiares solo buscan saber, es obvio que no pueden hacer presentaciones o discutir una medida, quieren saber y donde se supone que todos han jurado respetar la Constitución y las Leyes es donde menos protegido se siente el ciudadano común, ese que llega en colectivo, cansado, con miedo por lo que le dirán, ese que tolera el mal día del empleado por temor a perjudicar al imputado.
También las víctimas que no tienen asesoramiento pago van y vienen esperando justicia, ya me he referido a las demoras en las medidas de protección para víctimas de delitos, sean estos por amenazas, violencia de género, las cautelares suelen demorarse o nunca ser tenidas en cuenta, ni hablar si en este caso el imputado tiene abogado particular y la víctima no.
La conclusión es muy sencilla, el Estado no garantiza a los ciudadanos el acceso a la justicia, no hay paridad de armas entre el que tiene los recursos económicos y el que no los posee, como en todo habrá excepciones, existen funcionarios comprometidos y respetuosos no de la Ley sino del otro como ser humano, pero la realidad, lo que se ve apenas uno ingresa al edificio es colas de gente triste, esperando, confundida, sin información, muchos de los funcionarios judiciales suelen dar lindas charlas, incluso algunos suelen decir ser practicantes católicos y hasta mostrarse preocupados por la sociedad, no habrá una sociedad sana, si no hay verdadera justicia.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
