Desde hace muchos años la supuesta lucha del Estado argentino contra el narcotráfico se ha llevado puestos a varios funcionarios judiciales, salpicado a funcionarios policiales y políticos, como también ha corrompido las instituciones y costado miles de vidas de ciudadanos.
El problema del avance del narcotráfico afecta a la sociedad en todos los aspectos, desde lo cultural, lo económico, la salud hasta el principal derecho humano, la vida.
El lucrativo negocio de las drogas ha sobrevivido a cuanto intento por eliminar a los narcos se comenzaron en el mundo entero, la corrupción que genera el control del tráfico de estupefacientes tiene varios factores que no se limitan solo a lo económico, sino al poder que detenta quien sabe “negociar” su impunidad. Para engañar a los ciudadanos, se ha instaurado con la complicidad de los medios de prensa el llamar “narco” a simples adictos, que para financiar su adicción, cortan o estiran la droga que consiguen, la venden y de esas “ganancias” se aseguran su vicio. Son esos dealers los “perejiles” que llenan estadísticas, justifican la existencia de funcionarios y organizaciones que nos cuestan millones a los ciudadanos, pero que tienen como finalidad principal, ser las “cajas recaudadoras” el sistema corrupto judicial y político.
Un Estado serio tendría legislaciones acordes a los Pactos Internacionales que adhirió, pero en la Argentina hay una ausencia importante del cumplimiento de La Convención Interamericana contra la Corrupción, que desde el año 1996 lleva demoras en su aplicación y en el tiempo, en finales del 2021, provincias como la Provincia de Buenos Aires, no tiene una Oficina Anticorrupción y aunque parezca mentira, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Julio Alak, llegando al absurdo de tener cientos de empleados en el área de “transparencia” que cumplen una función nula, al no poder contrastar la información que los funcionarios obligados presentan en sus declaraciones juradas patrimoniales, favoreciendo la impunidad y la corrupción y de la que nadie se hace responsable, esto que es grave se justifica con el hecho de que no existe estructura para investigar, ¿entonces para qué existen esos empleados y funcionarios? Mucho personal para simplemente recibir documentos digitales que no son controlados, que los suban a la nube y ahorremos personal y estructuras ociosas.
Por el lado de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires ocurre algo similar o peor, sospechas y denuncias han existido desde la época de la ex procuradora María del Carmen Falbo, que negoció más que su salida su tranquilidad de no ser auditado su trabajo en la Procuración General y que no avanzaran algunas denuncias que la vinculaban con “cajonear” denuncias sobre narcotráfico, algunas de ellas y que fueron utilizadas políticamente realizadas incluso por fiscales que denunciaban al ex Fiscal General Julio Novo o la “operación” del macrismo en los medios vinculando a Falbo con la causa de la “efedrina” y su vínculo personal con Aníbal Fernández.
Por su renuncia, obtuvo un cargo de asesora de Germán Garavano quien era el Ministro de Justicia de Mauricio Macri, raro.
EL QUE A HIERRO MATA A HIERRO MUERE
Los mismos argumentos y personajes que motivaron la salida de Falbo, son los que hoy le explotan en la cara al procurador Julio Conte Grand que no puede aducir desconocer la realidad de los hechos y los personajes involucrados en causas reales de narcotráfico y no en la persecusión ridícula de adictos que son usados para las estadísticas en procesos judiciales donde nunca se investiga el origen de la droga que se les secuestra para su imputación, transformanda la lucha contra el narcotráfico en una mentira y un circo para esos medios que pauta mediante hablan de destrucción de un búnker narco mientras se desmantela una casilla de chapa en una villa de emergencia, el diccionario define a BÚNKER así: Construcción de hormigón armado, generalmente subterránea, que está destinada a servir de refugio durante los bombardeos y sus posteriores consecuencias.
La llegada de Julio Conte Grand a la procuración no fue para mejorar las instituciones como decían y repiten los políticos del PRO, se necesitaba alguien de confianza como jefe de los fiscales y defensores penales de la Provincia de Buenos Aires, porque el objetivo no era mejorar el Ministerio Público Fiscal, sino tener controlado un órgano de poder y control de las “cajas que no se tocan” de aquellos que aunque ponen un huevo en cada canasta no es lo mismo ser el que manda que el que juega. Para que se entienda, se sabe que las campañas políticas tienen financiación de personajes que no son delincuentes justamente porque financian su impunidad y para ello colaboran con todos.
El escándalo del que los políticos curiosamente no hablan, viene por el lado del la protección de funcionarios judiciales a narcotraficantes y otros delitos vinculados al armado de causas a inocentes o el arresto de “perejiles”, la imputación al fiscal Claudio Scapolán de San Isidro por delitos graves no es un hecho aislado, ni nuevo, a pesar del poco interés del fiscal federal Fernando Domínguez de ahondar en la causa, lo concreto es que hay un fiscal de la provincia de Buenos Aires que a pesar de las denuncias en su contra, la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires no lo investigó, no lo sancionó y hasta concursó para el cargo de Fiscal General, se apartó con su procesamiento y pedido de licencia, cuando debería ser sometido a un jury que lo destituya y así responda como cualquier ciudadano con prisión preventiva ya que por su cargo y delitos imputados puede entorpecer la investigación o eludir la justicia. ¿Esto no lo saben los cráneos de la procuración?.
Con motivo de esta causa, comenzaron a conocerce otros testimonios de abogados penalistas que afirman sin dudar que fiscales como Scapolán hay cientos en la provincia de Buenos Aires, curiosamente noticias policiales vinculadas a graves delitos donde está el tema de la disputa por la venta de drogas no tienen avances judiciales y los fiscales que deberían investigar “hacen la plancha” mientras comparten en las redes sociales fotos de viajes y lujos que no son compatibles con los sueldos ni sumando “extras” justificables. Están ahí las fotos y videos, pero parece que los responsables de la Oficina de Control Interno carecen de capacidad de razonamiento para por lo menos sospechar que algo no está bien.
Algunos ejemplos mediáticos conocidos por todos en los que no se llegó a esclarecer los hechos, el tiroteo ocurrido en el aeroclub del Río de La Plata de Berazategui, donde el “empresaio” Ricardo Fornasieri, declaró que delincuentes fuertemente armados ingresaron disparando para robarle dos cajones de “frutas”, parece que nadie conoce la historia de ese lugar y las denuncias que con el tiempo se olvidaron. Las muertes en Florencio Varela donde bandas locales dedicadas a la venta de drogas se enfrentaron provocándo varios muertos y que llevaron a que tenga que bajar al lugar el propio Sergio Berni quien se quejó de la poca colaboración de los fiscales para habilitar allanamientos, algo que se extendió a los fiscales de Berazategui y Quilmes.
Por el lado del departamento judicial de Avellaneda-Lanús las cosas son muy similares, las causas por drogas no tienen una prioridad, el fiscal general Guillermo Castro, parecía que venía a mejorar el trabajo al estar a cargo de un departamento judicial más acotado y conociendo de primera mano el tema de delitos complejos y drogas por haber estado a cargo de la UFI 4 del Polo Judicial de Avellaneda temática en drogas, pero por el contrario los procedimientos se redujeron a pesar de que en los barrios la droga fue avanzando, arrastrando con ese crecimiento un aumento significativo de delitos violentos.
Al respecto uno puede creer que no se avanza por la falta de denuncias, pero NO, la propia Procuración General ha justificado demoras en denuncias por corrupción y “juega” a respetar la autonomía de trabajo de los agentes fiscales subestimando la inteligencia de los ciudadanos, una cosa es respetar la autonomía de criterio de los agentes fiscales y otra muy distinta es avalar la complicidad y la impunidad.
Cuesta creer que los funcionarios judiciales ignoren la realidad que se vive, que consideren como “natural” la corrupción y la impunidad, pero en esta degradación institucional la Corte Bonaerense tiene responsabilidad, el tiempo nos dirá si es por acción u omisión.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
