La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que los operativos policiales realizados en la región y en muchos distritos bonaerenses, especialmente del conurbano bonaerense, no son otra cosa que “razzias” que constituyen una vulneración de derechos y están fuera de todo marco democrático.

Del organismo bonaerense toma como casos testigos los ocurridos durante el fin de semana en Quilmes, pero cita también procedimientos similares realizados en La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría.

En la región los procedimientos fueron admitidos por las autoridades policiales, quienes indicaron que se trata de procedimientos con los que se pretende prevenir la comisión de delitos en los micros. En cambio, la CPM consideró que “pretenden ampararse en la excusa del combate del delito”, pero “constituyen una vulneración de derechos y están fuera de cualquier marco democrático”.

El comunicado del organismo de derechos humanos cita el caso del operativo policial desplegado el domingo a la noche en la estación de Quilmes, en las paradas de la línea 263 y 281. Allí, los efectivos policiales detenían los colectivos, obligaban a bajar a todos los pasajeros, les ponían las manos contra el vehículo y los cacheaban. Además revisaban todas las pertenencias personales y exigían documentos. Si alguno no lo presentaba se le impedía volver a subir.

Las escenas descriptas en La Plata por pasajeros que fueron testigos o blancos de estas requisas son similares a ese relato. Para la CPM representa esto un dato preocupante: “la extensión de prácticas policiales arbitrarias que irrumpen en la vía pública vulnerando derechos y garantías constitucionales a circular libremente, a la presunción de inocencia y a la intimidad de las personas”.

Cita el caso de pasajeros de micros de la empresa Plaza o de la línea 275 de la región que padecieron el mismo procedimiento: “hacer descender a los hombres, ponerlos en fila de espaldas al micro, con las manos arriba, para ser luego revisados ellos y sus pertenencias. En ningún momento informaron los motivos del operativo más allá de que varios pasajeros lo solicitaron, ni mostraron orden judicial alguna”.

“Resulta evidente que frente a la creciente demanda social por mayor seguridad y bajo la excusa de querer dar la pelea contra el delito, la política criminal del gobierno y del Ministro de Seguridad Cristian Ritondo refuerza una orientación que ya ha probado su ineficacia: la mano dura. Lo único que ha logrado la saturación territorial de efectivos, móviles cámaras, retenes y razzias es ampliar los márgenes de arbitrariedad para la acción policial en el territorio, lo que la consolida como una fuerza ingobernable que violenta los derechos de los ciudadanos”, dice el tramo más duro del comunicado.

Agrega que, mientras tanto, “los delitos complejos, que son los que realmente deberían ser perseguidos, no se reducen, porque esta política, que una vez más vuelve a promoverse, sólo persigue a los eslabones más débiles de la cadena”.

Para la CPM, entonces, “la definición y promoción de este tipo de políticas propician la violencia estatal, aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y resultan ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo”.

Por esto, en la semana próxima el organismo “avanzará en una serie de presentaciones ante el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Legislatura provincial para que se detengan estas prácticas”.