Ya hemos señalado la grave situación institucional que desde años ha infectado a la política en Pinamar, donde los representantes locales de los vecinos, están más preocupados en no quedar fuera de la porción de la torta que de ser verdaderos representantes de los intereses de los vecinos.
La gestión de Martín Yeza, plagada de denuncias e investigaciones, solo se puede comprender que el tipo siga haciendo de las suyas con una palabra IMPUNIDAD, porque a la fecha nadie ha hecho su trabajo y eso se llama complicidad.
El Ministerio Público Fiscal de Dolores, cabeza que tiene bajo su órbita a las fiscalías de Pinamar, a estas alturas debería ser auditado por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires por su ineficiencia y por las omisiones en avanzar o iniciar investigaciones que tienen como protagonistas a funcionarios del poder, tanto municipal como provincial.
Desde el año 2018 el Departamento Judicial de Dolores cuenta con la UFEC, Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en una propuesta del Fiscal General Diego Escoda, pero parece que nadie mira las estadísticas pobres de una UFI temática que parece estar como algo decorativo en la estructura local del Ministerio Público, la única explicación lógica de que a nadie le importe la orfandad de trabajo de esta fiscalía es que el Procurador General es Julio Conte Grand, puesto en el cargo a la fuerza por el PRO, que en su momento presionó a la ex Procuradora María del Carmen Falbo, quien acepto renunciar a cambio de un cargo inventado en el Ministerio de Justicia de la Nación, sí la abogada peronista terminó siendo funcionaria del PRO.
Un dato de color, es que justamente cuando el Fiscal General Escoda propone la creación de una Fiscalía para investigar delitos de corrupción de funcionarios, tanto él, como el Juez de Garantías Cristian Ignacio Gasquet fueron denunciados por Luis María Camilo Etchevarren ex intendente de Dolores, de haber cometido enriquecimiento ilícito, llevar adelante políticas a favor de la comercialización de drogas prohibidas, siendo los más relevantes casos en Pinamar, Ostende y Valeria del Mar, abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes, omisión de investigación y encubrimiento de personal policial y fiscales a su cargo. La instrucción sumaria interna reveló situaciones graves, ya que se sumó a las acusaciones la protección a pedófilos y la falta ética administrativa de tener a su esposa Felicitas Pinto, trabajando en la Fiscalía descentralizada de Chascomús, donde además el matrimonio vive en un lujoso barrio privado. El archivo de la denuncia fue igualmente de escandaloso, ya que el archivo de la denuncia se realizó de forma virtual y fue decisiva la intervención del ex presidente de La Corte Bonaerense Eduardo Julio Pettigiani quien fue Juez Federal en Mar del Plata y un activo magistrado en disertaciones sobre narcotráfico donde se vinculaba con efectivos de las fuerzas de seguridad, debiendo haberse excusado de entender en la resolución de la denuncia donde no se valoraron los reclamos del Juez Federal de Dolores sobre la intervención irregular de los denunciados. Si la denuncia prosperaba sería un escándalo de proporciones que en ese momento involucraba a funcionarios del entonces gobernador Daniel Scioli,
Entonces no es difícil entender que en Pinamar la impunidad tiene que ver con la política, pero también con los negocios millonarios, donde participan personajes como Cristian Ritondo, garantía de manejo de los servicios de inteligencia y un sector de la policía donde supo permitir «quintas» con brotes verdes.
Francisco Montes secretario de gobierno
Aclarado el contexto político, judicial y de negocios, ahora aparece el abogado Francisco Montes, quien por sus acciones dista mucho de ser un hombre comprometido con la Ley y la ética.
Hablamos de Francisco Martín Montes, CUIT: 23302804923, matriculado en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, en el Tomo 17 Folio 244, con fecha 30-04-2021, con domicilio profesional en Mar del Plata y otro domicilio en Pinamar en una importante propiedad a metros de la Av. de Las Artes con varios vehículos.
Su trabajo como funcionario municipal está plagado de irregularidades, esto no es una opinión personal, sino que El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, HTC, le ha enrostrado distintas irregularidades a Martín Yeza, Juan Manuel Ibarguren y distintos funcionarios jerárquicos entre los que se repite Francisco Montes, las más relevantes vinculadas a irregularidades en ordenes de pago, errores de ejecución y falta de aval legal en determinadas operaciones, recuerden que estamos hablando de un funcionario que es abogado y no debería cometer estas acciones.
A pesar de las reiteradas observaciones, sanciones y disparatadas declaraciones del funcionario, el Colegio de Abogados de Mar del Plata, presidido por Leandro Augusto Gabas, parece tener un Tribunal de Disciplina, presidido por Gustavo Adolfo Marceillac desinteresado en el prestigio de la profesión y del colegio puntualmente.
Tras 15 años como Secretario de Hacienda, Montes, sin dudas tiene responsabilidad en las enormes deudas del municipio, pero el caso que lo alejó de su cargo fue el escándalo del robo de dinero de las arcas municipales donde se hizo viral el video de la tesorera Norma Watson escondiendo fajos de dinero.
Si bien Montes fue uno de los que denunció y declaró en la justicia contra la tesorera, muchos apuntaron a él como responsable, tanto desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar que conduce Enrique Giménez como concejales.
Ahora bien, Watson fue echada por llevarse los 7 millones, pero tras un peritaje impulsado por el propio municipio, se descubrió que solo entre diciembre de 2024, junto con enero y febrero de 2025, el faltante de dinero supera los 67 millones de pesos.
“¿Y el resto?“, pregunta Leonardo Nápoli, concejal de Unión por la Patria que también narra lo sucedido a lo largo de casi todo este año con el caso de Watson. ”¿Te robaban en la cara y no te das cuenta?“, advierte el dirigente del Frente Renovador. Sucede que, desde su mirada, la salida de Montes, fue un ”premio».
Nápoli no pasa por alto que el propio Ibarguren, hoy intendente, fue el primer titular de la cartera de Hacienda durante la gestión de Yeza. “Todos convivieron con ella”, remarca el concejal opositor. Incluso, los municipales subrayan que en 2020 ya hubo antecedentes contundentes de falta de dinero.
Por ahora, en lo que respecta a la causa penal, avanza con parsimonia en la Justicia de Dolores. Hasta el momento, Watson no brindó ningún tipo de declaración pública y tampoco a lo largo de la investigación.
Su cambio de rol, ahora como Secretario de Gobierno lo encuentra nuevamente haciendo afirmaciones ridículas para un abogado que al parecer varias materias no le quedaron incorporadas entre ellas el Derecho Penal, con los medios instalados en La Frontera, mostrando la impunidad con la que los visitantes conducen, realizan maniobras peligrosas y una estadística de muertos y heridos que tiene como víctimas a un 80% menores de edad, el intendente Juan Manuel Ibarguren hizo lo que mejor le sale, se escondió y no dio explicación coherente alguna, eso sí, usaron al inflamable Montes para que ayudado por un medio «amigo» como es Clarín pudiera decir cualquier cosa con la seguridad de que la periodista Candela Toledo no repreguntara y así blanquear irregularidades y delitos que con impunidad el municipio y sus funcionarios vuelven a cometer.
Dijo Montes:
Montes explicó que la jurisdicción municipal alcanza a las calles de Pinamar, los accesos a la playa y la playa pública. Ahí se despliegan controles de tránsito en conjunto con la Policía y el Ministerio de Seguridad bonaerenses: verificación de documentación, casco, cinturón de seguridad y alcoholemia.
En los accesos a La Frontera, los controles funcionan todos los días de 12 a 18 en el ingreso y de 18 a 20 en la salida. Además, hay camionetas de Seguridad en Playa y patrullajes policiales sobre la costa. Sin embargo, el núcleo del problema son los médanos, que están fuera del alcance directo del Municipio.
“La parte de los médanos es privada. Nosotros no tenemos facultades para intervenir en propiedad privada, de la misma manera que ocurre ante un hecho delictivo en una casa: tiene que intervenir la Policía y la Justicia”, explicó.
Consultado sobre la titularidad de las tierras, Montes explicó que La Frontera pertenece a tres o cuatro empresas privadas y que se trata de un predio de más de 900 hectáreas. Todos los años, los propietarios alambran, colocan empalizadas y carteles de “prohibido pasar” y “precaución”, en conjunto con el Municipio, aunque muchas veces la señalización es dañada por los propios visitantes.
Bueno, Montes aprovecha la entrevista pactada para decir sin decir nada. La realidad es que los controles que se realizan son insuficientes y poco inteligentes, ya que existen formas muy sencillas de identificar los vehículos que no tienen obligación de llevar patente que es una de las excusas tontas del funcionario.
Decir que los médanos están fuera del alcance directo del municipio, es otra excusa pueril del funcionario, ya que con ese criterio de que la propiedad privada está vedada a las autoridades, estaría avalando fiestas clandestinas y cualquier delito que se cometa puertas adentro de un terreno privada lo cual es una pavada.
Más aún, si tomamos como válido el concepto de que es una propiedad privada, el municipio debería sancionar severamente a los propietarios del predio por no tomar las medidas de seguridad necesarias y en esto también Montes miente y se hace el boludo, porque todos en Pinamar saben que los propietarios del predio son la empresa Pinamar SA, junto con otros asociados vinculados al poder político.
Por el lado de la policía el responsable de la jurisdicción debería explicar por qué si se viola una propiedad privada no accionan deteniendo a los intrusos por violación de propiedad privada un delito emparentado con la usurpación y la ocupación o invasión de terrenos, sin importar el fin con el que se realice y para intervenir no es necesaria la orden judicial cuando el delito se comete de manera infraganti y si se ponen puritanos bien pueden rodear la zona y detenerlos a medida que se retiran.
En esto existe una responsabilidad de la justicia y la gobernación, porque el operativo de traslado de Bastián es millonario y en un país serio el costo se lo endilgarían a los involucrados entre ellos el padre por negligentes y compartiendo responsabilidades penales y civiles.
Otra de sus intervenciones ridículas como representante del municipio y abogado, fueron sus declaraciones en contra de la Ordenanza que se conoció como Ordenanza Fausto y terminó siendo modificada por el intendente Juan Manuel Ibarguren de la forma más conveniente, para seguir garantizando la falta de controles e inspecciones a las obras en construcción que han costado varias vidas y la salud de cientos de obreros de la construcción, sin olvidar que se han encontrado extranjeros sometidos a la trata de personas para explotación laboral, sin dudas Montes tiene una interpretación muy dudosa del derecho.
Pero en Pinamar, la JUSTICIA no existe para los poderosos, sean políticos, empresarios o delincuentes con un patrimonio millonario, ejemplos sobran y los iremos desarrollando porque nadie de los medios locales te va a informar con la verdad, menos cuando todos temen nombrar a Pinamar SA, que controla, los servicios telefónicos y de Internet locales, son dueños de Telpin, que es el canal de noticias, controlan los eventos más importantes donde se premian empresas y personajes locales, se vinculan con todo lo social, desde la universidad hasta la Cooperativa de reciclaje y de yapa lo tienen al amigo Cristian Ritondo como un aliado estratégico. ponele un moño.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
