Graves denuncias complican a Ángel Derosso de la Lista Naranja de la UOM por vínculos con homicidas y amenazas con el respaldo de la Municipalidad de Campana para evitar elecciones gremiales en Metalúrgicas Maro.
Según testimonios y registros presentados ante la justicia, el acto electoral para elegir delegados en Industrias Maro fue violentamente interrumpido. El funcionario del Municipio de Campana Pablo Churruarín, que responde directamente a la Lista Naranja de Ángel Derosso fue captado por el video de seguridad atacando a las autoridades de la junta electoral y destruyendo la urna y los elementos de votación.
La gravedad del hecho no es sólo sindical, sino política: Pablo Churruarín es funcionario municipal del intendente Sebastián Abella y militante de la agrupación «Melo», liderada por Javier Contreras (cuñado del intendente). Según la denuncia, por pedido de Ángel Derosso al Municipio de Campana, el funcionario abandonó su trabajo para producir un ataque en la fábrica con el objetivo de frenar las elecciones.
Un pacto oscuro entre La Lista Naranja de Ángel Derosso y el Municipio de Campana
Este ataque en la empresa MARO se suma a la irrupción violenta ocurrida hace semanas en la sede del sindicato. En aquella ocasión, un grupo de hombres golpeó puertas y paredes para amedrentar a los presentes mientras se presentaba la Lista Naranja.
Tras el análisis de videos e imágenes registrados en la puerta de MARO, se identificó que muchos de los integrantes de este grupo no son trabajadores metalúrgicos ni afiliados.
Entre ellos se destaca la presencia de Sandro «Furio» Monzón, un hombre con un frondoso prontuario: en 2016 fue sentenciado a 17 años de prisión por el asesinato del comerciante Julián Esteban Moreira. Actualmente gozaría del beneficio de libertad condicional, el cual habría utilizado para participar activamente en estos actos de coacción sindical.
Los trabajadores de MARO han manifestado su absoluto repudio a estos métodos, señalando que la presencia de «barrabravas» y fuerzas de choque externas vulnera la democracia sindical y la seguridad de los operarios.
La justicia deberá ahora determinar las responsabilidades penales de los identificados y evaluar el rol del municipio de Campana en la logística de estos grupos que, bajo el sello de la Lista Naranja, buscan disputar el poder dentro del sindicato.
