Que existen empleados sin ganas de trabajar o con malos modales para atender al público, no es una novedad, especialmente en la administración pública, quien concurre a cualquier dependencia judicial, habrá pasado por esta experiencia, que lejos de estar erradicada, encuentra aún unos buenos ejemplares.
Este año, la Cámara Civil, más que nunca ha estado en el ojo de la tormenta y las críticas, ubicada en Lavalle 1220, entre piso, funciona el Centro de Informática Judicial a cargo de su directora Silvia Fernández Muñiz, y tres empleadas en las ventanillas, que se turnan para la atención al público, no he visto en los días que concurrí que trabajen en conjunto.
En una pizarra se leen ciertas disposiciones a cumplimentar para ser atendido, una de ellas claramente informa que para solicitar información de expedientes (la información se limita a juzgado, Nº de expediente y carátula) se debe presentar en caso de ser parte, el DNI, con lo cual verificarán si es correcto, y deberían informar, y digo bien deberían, porque si se cumplen los requisitos públicos en la pared, no debería imponerse otro requisito, pero no, vaya uno a saber con qué justificativo legal, queda a criterio de la empleada el informar lo básico o no, la respuesta, venga con un abogado o espere a que lo notifiquen.
En principio, uno debe estimar que estas empleadas judiciales, aunque no sean abogadas, por la función que cumplen, deberían como mínimo saber que el derecho a defensa, es una garantía constitucional, con lo cual si alguien es denunciado o sospecha existe alguna denuncia en su contra, debe ser informado para defenderse, y si al contrario, es la parte actora, tiene el derecho de saber dónde se encuentra radicada su denuncia o demanda.
Esperamos que las autoridades de la Cámara exhorten a quién corresponsa a que dejen de trabajar de forma incoherente para una dependencia judicial.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
