El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusó al máximo tribunal de «pretende arrogarse» el rol legislativo y destacó que «viola la división de poderes» del Estado.
El día después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Estado Nacional incluir al Grupo Artear-Canal 13 en el reparto de publicidad oficial, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que el máximo tribunal «pretende arrogarse» el rol legislativo y destacó que «viola la división de poderes».
El funcionario se expresó de este modo durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, al pronunciarse sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde hizo una mención enfática sobre el respeto a la libertad de expresión.
El martes, en uno de los primeros fallos de 2014, la Corte resolvió un planteo del Grupo Artear que denunció una actitud «discriminatoria» del Gobierno a la hora de repartir la publicidad oficial, y pidió que se ajuste a las pautas de proporcionalidad y equidad junto con los demás canales de aire.
La Corte tomó como base los casos de los diarios Río Negro, de 2007, y de Perfil, de 2011, en los que había ordenado un reparto equitativo de la publicidad oficial para ambos periódicos, y sentenció que «cuando la Constitución Nacional reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no meramente ilusorios».
En los fundamentos del fallo (que estuvo dividido, aunque 6 de los 7 magistrados coincidieron en hacer lugar al planteo de Clarín) los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda consideraron que «sería inconveniente para la comunidad si los precedentes no fueran debidamente considerados y consecuentemente seguidos».
Lorenzetti, Maqueda y Fayt fueron más allá en su voto al acusar que «la conducta estatal encaminada a no aplicar estos criterios constituye una clara violación de principios constitucionales».
«El incumplimiento de una sentencia judicial constituye un desconocimiento de la división de poderes que resulta inadmisible en un estado de derecho y, en consecuencia, causa un grave deterioro del estado constitucional democrático», agregaron.
En tanto, los jueces Carmen Argibay y Enrique Petracchi criticaron que el Estado insiste en la «invocación genérica de sus potestades discrecionales para asignar la publicidad oficial, pero no da razones concretas que justifiquen la interrupción y reducción sufrida por la actora».
El fallo estuvo dividido, dado que el Juez Raúl Zaffaroni consideró que antes de resolver debía dársele opinión a la Procuración General de la Nación, pero sus colegas entendieron que no era necesario, al haber dos precedentes similares en los que resolvieron de esa manera.
El año pasado, el Estado había apelado un fallo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que hizo lugar al pedido de Canal 13, luego de explicar que «el Estado Nacional ha reconocido la reducción en términos absolutos y relativos de la pauta publicitaria oficial asignada a la actora desde 2009, llegando incluso a ser nula en los primeros meses de 2012».
Al respecto, Petracchi y Argibay decretaron inadmisible la apelación del Estado al fallo de segunda instancia, mientras que Lorenzetti, Fayt, Highton y Maqueda lo tuvieron por admisible, pero confirmaron el fallo de la Cámara.
La Corte remarcó además el valor de la libertad de expresión «tanto en lo referente a la libertad que tiene los ciudadanos de expresar sus ideas, como en la protección de la actividad crítica de los periodistas, y en el rechazo de todo tipo de censura».
