La Procuraduría contra la Violencia Institucional criticó el uso extendido de la prisión preventiva, así como el encierro en penales distantes a miles de kilómetros del departamento judicial en que se tramita la causa.
La Procuraduría contra la Violencia Institucional difundió un relevamiento sobre la situación de los reclusos que se encuentran alojados en las cárceles y alcaidías federales de todo el país, en el que se destaca que el 57 por ciento de los internos están procesados sin condenas y en consecuencia, formuló una crítica al uso extendido de la prisión preventiva a modo de medida suspensiva, como así también, el encierro en unidades penales distantes a cientos de kilómetros del lugar del departamento judicial en que se tramita la causa.
Al mismo tiempo, el estudio destacó que «seis de cada diez detenidos en dependencias del Servicio Penitenciario Federal se encuentran bajo medidas cautelares de prisión preventiva, dictadas por la justicia nacional o federal». Por lo tanto, del total de 10.043 personas distribuidas en las 28 cárceles y 10 alcaidías, el 57 por ciento está privado de su libertad sin haber sido declarados culpables en un fallo, este firme o no.
El registro de la población penal corresponde a cifras actualizadas al 29 de noviembre de 2013, que se compone con 92 por ciento de hombres y 8 por ciento de mujeres, mientras que el 96 por ciento de ellos son mayores (21 años y más) y apenas el 4 por ciento se ubican en el segmento etario de «jóvenes adultos», cuyas edades van de los 16 a los 21 años. En relación a la distribución, de acuerdo a la jurisdicción de la que provienen los reclusos, el 59 por ciento son de los juzgados nacionales, el 34 por ciento de los federales y el restante 7 por ciento de provinciales.
La situación se agrava en los casos en los que actúan los jueces federales, en su mayoría a cargo de expedientes por narcotráfico, ya que los detenidos por estas causas sin condena ascienden al 73 por ciento. «La política criminal de encarcelamiento preventivo es enfáticamente sostenida por las prácticas de encierro cautelar de la Justicia Federal», enfatiza el documento de la PROCUVIN, creada en 2103, que depende del Ministerio Público Fiscal y su titular es Abel Córdoba.
En tal sentido, señalan que el uso extendido de la prisión preventiva y la modalidad de «confinamiento territorial» en cárceles ubicadas a, en muchos casos, más de 1000 kilómetros del lugar de residencia del detenido o del departamento judicial donde está asentado el expediente. «Desde una perspectiva de derechos humanos, estos dos elementos estructurales convergen en el agravamiento de la política criminal de encarcelamiento. Ambos cooperan a un déficit de acceso genuino a la justicia para los detenidos, sosteniéndose la ausencia de políticas penales integrales -judiciales y penitenciarias- que lleva décadas sin poder revertir tal orientación’, se analiza desde el informe.
Con estas conclusiones estadísticas y otras, la PROCUVIN elevó el documento sobre la situación del sistema carcelario a la Cámara Federal de Casación Penal, al Ministerio de Justicia de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a diferentes comisiones del Congreso Nacional.
