«En la actualidad se identifica la venta de droga como algo legítimo», señaló el Obispo Jorge Lozano al presentar un informe de la Comisión de Drogadependencia de la Pastoral Social. Criticó la falta de asistencia a los adictos.

La Iglesia católica criticó la «ausencia histórica y estructural» del Estado en la asistencia a los adictos, advirtió sobre una «creciente» tolerancia social a las drogas y rechazó la criminalización de los enfermos, sobre todo de los sectores más pobres.

La Comisión Nacional de Pastoral sobre Drogadependencia, de la Conferencia Episcopal Argentina, destacó en cambio el trabajo de prevención y recuperación de adictos que realizan los agentes eclesiásticos en barrios, asentamientos y villas de emergencia.

El presidente del organismo, monseñor Jorge Lozano, dijo que hay sectores que perciben en la actualidad «con naturalidad que un niño se drogue en las calles» o identifican «la venta de droga como un trabajo legítimo».

Al presentar el documento «No criminalicemos al adicto» en la sede episcopal del barrio de Retiro, el prelado cuestionó que por un lado se hable de «tolerancia» y por otro se rechace a los adictos, mientras «nadie se hace cargo de las consecuencias y decisiones» que esto conlleva.

En tanto, el sacerdote José María «Pepe» Di Paola, a quien el papa Francisco, como cardenal de Buenos Aires, protegió cuando fue amenazado de muerte por narcotraficantes, sostuvo que «tras décadas de ausencia del Estado, se necesita de decisiones contundentes para revertir la situación de abandono en la que viven los adictos».

Di Paola, quien hoy cumple su tarea pastoral en villas de José León Suárez, valoró que el trabajo de «contención» del adicto que la Iglesia realiza a través de centros barriales se esté replicando en diversas provincias.

Por su parte, el coordinador laico de la Comisión, Horacio Reyser, pidió «tomar conciencia» frente al «marketing de la droga» que se instaló en la sociedad, al dar detalles del programa de atención, educación y prevención que desarrolla la Iglesia.

El documento comienza con una frase de Jorge Bergoglio pronunciada en el 2008 al inaugurar un centro de rehabilitación de adictos en la Villa 21-24, del barrio porteño de Barracas, en la que el entonces arzobispo dijo que «la sociedad anula a las víctimas de las drogas y los hace sobrantes».

Asimismo, afirmó que «los problemas vinculados al consumo de drogas son cada vez más preocupantes» y no solamente por «la evolución del consumo y el tráfico» de estupefacientes.

«La creciente tolerancia social, la disminución en la percepción del riesgo y en gran medida la exclusión social generaron en la sociedad desánimo, desorientación y confusión», alertó.

La Comisión exhortó a los credos, al Estado y a la sociedad civil a trabajar «juntos» para avanzar «significativamente en la reducción de los daños que le provoca la droga».

Asimismo, insistió en criticar la «ausencia histórica y estructural del Estado» en la atención de los adictos y lamentó que la sociedad «no termine de asumir» la magnitud «alarmante» de esta problemática.

«El problema no está en las sustancias, sino en el ser humano, la persona que se droga. No criminalicemos a nuestros hermanos que sufren por las drogas», aseveró la Iglesia en el documento.